Una notaria argentina niega al juez que Sanchis fuera socio del extesorero popular
ESPAÑA
Una notaria de la provincia argentina de Salta, Silvina Pereira Alvite, ha enviado una declaración jurada al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en la que asegura que La Moraleja S.A., la finca de cítricos propiedad de la familia de Ángel Sanchis, extesorero de Alianza Popular e imputado en el caso Gürtel, «nunca ha recibido aportes de capital, préstamos o suma dineraria alguna» por parte de Luis Bárcenas, su mujer Rosalía Iglesias o de Iván Yáñez, supuesto testaferro del matrimonio, ya sea de forma directa o mediante la interposición de terceras personas físicas o jurídicas (empresas).
El poder notarial incluido en el sumario señala además que los citados imputados «nunca fueron accionistas de La Moraleja, ni directores, gerentes, apoderados, accionistas o integraron cargo orgánico alguno» desde su constitución hasta la actualidad. Asimismo, el documento público recuerda al juez Ruz que Sanchis no ejerce función ejecutiva alguna desde abril del 2002 y que el paquete accionarial de esta compañía frutícola de Salta, con contratos exclusivos con multinacionales como Coca-Cola, pertenece a los tres hijos del empresario valenciano y a la inmobiliaria Gordo S. A.
Estrategia de defensa
Esta declaración firmada por un contable público de Salta y el apoderado de La Moraleja, Maximiliano Klix Saravis, forma parte de la estrategia de defensa de Ángel Sanchis, acusado de cooperar en el vaciamiento de la fortuna de Bárcenas en Suiza, a donde realizó al menos dos viajes para reunirse con personal del Dresdner Bank tras estallar el caso Gürtel en febrero del 2009. De la misma forma, el extesorero de Alianza Popular entre 1982 y 1987 trata de aplacar el intento del juez de investigar las relaciones comerciales entre ambos imputados y las crecientes sospechas de que sociedades de la familia de Sanchis fueron utilizadas para blanquear parte del dinero que Bárcenas escondía en Ginebra mediante transferencias a compañías radicadas en Estados Unidos o Uruguay. Una cantidad que la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía eleva a seis millones de euros.