Asimila disciplinariamente el cuerpo a las Fuerzas Armadas y reforma la ley para poder castigar colectivamente a la ejecutiva de una organización
09 dic 2012 . Actualizado a las 07:01 h.El proceso de remilitarización de la Guardia Civil impulsado por el Gobierno de Rajoy empezó en noviembre con la aprobación de unas ordenanzas de mando, disciplina y funcionamiento interno que implican la aplicación a dicho cuerpo de una serie de normas de las Fuerzas Armadas. Representantes de las asociaciones de agentes se opusieron sin éxito en el Consejo de la Guardia Civil y acabaron por presentar una demanda ante la Audiencia Nacional, que la ha admitido a trámite. El segundo paso en el camino es una reforma emprendida por el Gobierno que pretende recortar drásticamente la capacidad de los guardias para reivindicar públicamente mejoras en sus condiciones laborales. Mediante la inclusión de una disposición final en el anteproyecto de Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas -que tramita Defensa- modifica el código disciplinario del instituto armado, y sin haberlo sometido a debate en el Consejo, visto el rechazo que suscitaron las ordenanzas.
Esta reforma fija que se podrá sancionar individual o colectivamente -incluso expulsar del cuerpo- a los participantes y promotores de acciones dirigidas a reclamar o quejarse sobre aspectos relacionados con el servicio o las condiciones de trabajo. El castigo sería legal aunque la protesta se realizase de forma respetuosa o sin mostrar, con el uniforme, la condición de agente, y hasta cuando aquélla solo se difundiese mediante escrito o rueda de prensa. Todo lo que evite el canal interno reglamentario para una petición podría ser punible.
«Somos un cuerpo policial con un 99 % de funciones de carácter policial, somos militares pero no soldados; es decir, no pertenecemos a las Fuerzas Armadas», recuerda un portavoz de la AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles), que tiene a 33.000 agentes afiliados de los 50.000 operativos en la calle y del total de 82.000. La AUGC critica una reforma que, «en términos sociales y de derechos -dice-, sitúa al cuerpo en una etapa preconstitucional». Y lamenta que se haga «por la puerta de atrás, con nocturnidad y alevosía», hurtando todo debate y modificando una ley que no es la de la Guardia Civil.
Al Congreso
Así, llevarán el asunto al Congreso. Ya han empezado a reunirse con los grupos políticos y tienen el apoyo de UPyD e IU, que tildan la medida de «regresiva» y de «ataque a la libertad de expresión». Además, si la reforma prosperase, la AUGC (que ha solicitado su retirada al director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa) prevé acudir al Constitucional y también «dar al Gobierno una respuesta contundente en la calle y en Europa; no le va a salir gratis esta brutal agresión a los derechos fundamentales de los agentes», advierte.
Consultada sobre esta reforma en trámite, la Dirección General de la Guardia Civil evitó realizar valoraciones. Tampoco las hizo la Unión de Oficiales Guardia Civil Profesional.