La directora general, María Seguí, prevé recaudar el próximo ejercicio 384 millones de euros, un 14 % menos que este año
10 oct 2012 . Actualizado a las 07:00 h.La responsable de la DGT (Dirección General de Tráfico), María Seguí, mostró ayer en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados su preocupación por las dificultades que su departamento se encuentra en la tarea recaudatoria y las pérdidas provocadas por los fallos en el sistema de cobro. Estas pérdidas llevan a la DGT a manejar una ratio de sanciones cobradas del 50% con respecto a las impuestas, una tasa que se propone mejorar sustancialmente. Más allá de que las políticas de educación vial y concienciación social por las que apuesta el Gobierno dan sus frutos -todos los indicadores señalan las expectativas a la baja en el número de sanciones-, Seguí advirtió de que, «por rigor y por justicia», las multas por infracciones cometidas deben cobrarse a una tasa muy superior a ese 50 %.
Para ello, la DGT trabaja para acabar con lo que Seguí -según expuso en una comisión parlamentaria previa- denomina la impunidad de que gozan ciertos grupos como los conductores extranjeros infractores (un problema que también afecta a otros países del entorno) o los usuarios residentes en España que cambian de domicilio e incumplen la obligación de notificarlo a la Dirección General de Tráfico. Interior busca un modelo de colaboración público-privada -similar al que opera por ejemplo en el País Vasco, con las competencias de tráfico transferidas- para gestionar las infracciones de los extranjeros, que, recuerda Seguí, en algunas provincias acaparan la mitad de los vehículos captados por los radares por superar los límites de velocidad. En cuanto a los errores del censo de domicilios, Tráfico admite que esta falta de actualización de la base de datos conlleva que en torno a un 15 % de los procedimientos administrativos del departamento no lleguen a su destinatario. Seguí propone una modificación legislativa que permita tomar directamente del Instituto Nacional de Estadística el domicilio para incorporarlo al registro de conductores.
Del mismo modo, pone el acento en la necesidad de mejorar los mecanismos informáticos para dar respuesta a los recursos de los ciudadanos pendientes de tramitación, que se cuentan por decenas de miles.
Multas, 47 % de los ingresos
Seguí estima que la caída de las cifras de sus cuentas públicas para el 2013, sometidas a los rigores de los ajustes generalizados, hay que compensarla con una mayor eficacia en la gestión. Sabe que el 47% de sus ingresos proceden del aparato sancionador (el resto proviene de tasas por servicios administrativos). Y si en el proyecto del 2012 había 432 millones de euros presupuestados como ingresos por sanciones, la expectativa a la baja que apuntan los expertos la ha llevado a fijar 384 millones para el próximo ejercicio, es decir, una caída del 14,14 %.
A pesar de la leve reducción de su presupuesto total para el 2013, 845,44 millones de euros, un 1,65 % menos que el del 2012 -que ya registraba a su vez un recorte de 24,1 millones-, Tráfico mantiene vivos sus objetivos en materia de seguridad vial, centrados en reducir el número de víctimas en accidentes, garantizar la movilidad y reforzar la gestión administrativa eficiente. Seguí recordó el esfuerzo realizado en el plan para la detección de drogas en los conductores, la reparación de cinemómetros y la renovación del parque móvil (ningún vehículo de cuatro ruedas tiene más de seis años de antigüedad).