El presidente del Supremo mostró su sorpresa por la denuncia y aireó su malestar con el vocal por no informarlo previamente de que iba a acudir a la Fiscalía
10 may 2012 . Actualizado a las 07:02 h.El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, salió ayer al paso de la denuncia contra él por malversación presentada ante la Fiscalía General del Estado por el vocal del primer organismo José Manuel Gómez Benítez. Dívar asegura que asume sus gastos personales y que los que pasa a protocolo, y que motivaron la denuncia, «están perfectamente documentados y justificados». A través de una nota, el presidente del Supremo explicó que los gastos a cargo del presupuesto del consejo están fiscalizados por la Intervención General del Estado y defendió la transparencia de su gestión. Asimismo, mostró su sorpresa por la denuncia y aireó su malestar con el vocal por no informarlo previamente de que iba acudir a la Fiscalía.
La denuncia de Gómez Benítez, catedrático de Derecho Penal y miembro del órgano de gobierno de los jueces a propuesta del PSOE, recoge que Dívar pasó como gastos oficiales más de 5.600 euros, el importe de una habitación en un hotel de lujo de Puerto Banús (Marbella), el desplazamiento, la manutención y los gastos de protocolo durante seis fines de semana, entre septiembre del 2010 y noviembre del 2011. Según la denuncia, los seis viajes de Dívar son por lo menos de cuatro días, es decir, fines de semana que suelen empezar en jueves y terminar en martes, lo que en círculos del consejo se conoce como semana caribeña.
Dívar, que restó importancia a la cantidad de dinero, pasó de largo sobre la concreción de estos gastos y solo mencionó que pondrá a disposición de la Fiscalía toda la documentación sobre la supuesta malversación.
Fuentes del Gobierno, por su parte, tacharon la denuncia de «política» porque fue orquestada por un «hombre de Rubalcaba que quiere desestabilizar el consejo». El PSOE, a través del exministro Ramón Jáuregui, exigió una explicación convincente a Dívar, y el coordinador general de IU, Cayo Lara, reclamó su dimisión. Los jueces progresistas, por su parte, exigieron al consejo que dé un paso adelante y publique «las partidas de gastos con total precisión» de todos los vocales.