La recuperación del 25 % de la paga ahonda en el agravio de los 95.000 trabajadores de Xunta y universidades respecto a los 45.000 funcionarios del Estado, concellos y diputaciones
13 nov 2014 . Actualizado a las 09:13 h.En el 2015 lloverá algo menos para el funcionariado, aunque la mayoría de los que trabajan en Galicia seguirán mojándose más que el resto. El anuncio del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que los empleados públicos percibirán en enero el importe equivalente al 25 % de la paga extra del 2012 que les quitó el Gobierno de Rajoy ahonda en la situación de agravio que padecen los 95.000 trabajadores al servicio de la Xunta y de las universidades respecto a los 45.000 funcionarios que en esta comunidad están en nómina de Estado, concellos y diputaciones.
Estos últimos serán los que reciban con la primera nómina del próximo año el equivalente a la parte que ya habían devengado (44 días en el caso del personal funcionario y estatutario, y 15 en el del laboral) cuando el Gobierno publicó la orden por la que los dejó sin esa extra de diciembre del 2012. En realidad, el Ejecutivo lo que hace con este reintegro parcial es acatar las miles de sentencias que se han ido acumulando este año por toda España y que obligan a Estado y comunidades autónomas a abonar esa parte de la paga ya devengada. Pero los casi 87.000 trabajadores de la Xunta y los 8.000 de las universidades deberán esperar para recuperar ese 25 %. El Gobierno gallego decidió dividir esa devolución en dos ejercicios, por los que esos 95.000 empleados percibirán en el 2015 un 12,5 % de la extra de diciembre del 2012, y el resto en el 2016.
Con esta decisión, el personal de la Xunta y las universidades sale penalizado en relación a los demás trabajadores públicos de Galicia. Y no será la primera vez. Los agravios se remontan al 2013, cuando el Ejecutivo de Feijoo comenzó a aplicar el tijeretazo a las dos pagas extraordinarias de su personal, a través del complemento específico. Desde entonces, esos 95.000 empleados soportan una merma en el conjunto de sus retribuciones anuales que, en función del nivel que tengan reconocido, representa entre el 2 y el 6 %. El propio presidente ya anticipó hace meses la intención de prorrogar este escenario durante el 2015. Así, los empleados de Xunta y universidades habrán visto reducidos sus ingresos por las pagas extraordinarias un 12 % en tres ejercicios, a diferencia del personal del Estado, concellos y diputaciones que las percibe íntegras.
Para unos y otros, el de las extras no es el único tijeretazo a sus bolsillos. Los más de 2,5 millones de personas que trabajan para las administraciones públicas en España arrastran un recorte salarial del 5 % desde junio del 2010, cuando el Gobierno de Zapatero ejecutó ese primer recorte. Con la congelación salarial que acumulan desde entonces, esa retirada de la extraordinaria de diciembre del 2012 y los ajustes en las extras aplicados por la Xunta, las centrales sindicales calculan que los 95.000 trabajadores de la Administración autonómica y las universidades han perdido ya más de un 30 % de poder adquisitivo.
Montoro presentó ayer la devolución parcial de la extra como prueba de la mejora económica. Pero la solvencia de la que presume la Xunta aún no sirve de paraguas a sus empleados.