Esta vez el PP no puede decir lo mismo que en 1996. Cuando llegó al Gobierno al final del 2011, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social atesoraba más de 67.000 millones de euros. En dos años de Gobierno, Rajoy lo habrá vaciado en casi 24.000 millones. Es cierto que el Fondo se creó para asegurar el pago de las pensiones cubriendo los problemas de tesorería de la Seguridad Social. Pero lo que no puede hacer es resolver los problemas del mercado de trabajo. Desde el año 2007 el número de cotizantes se ha reducido en casi 3 millones y el salario, y la base de cotización por lo tanto, de muchos de los que siguen de alta es menor. Y ese problema de ingresos no se arregla recurriendo al Fondo.
La Seguridad Social se enfrenta a un doble reto. Uno es grave, pero coyuntural, porque se debe a la caída de su recaudación por la crisis del empleo. El segundo es estructural y tiene que ver con la dinámica demográfica, porque en las tres próximas décadas se jubilarán las generaciones más numerosas de nuestra historia. Ante este desafío de corto y de largo plazo la respuesta del Gobierno es mediocre y errónea, va a lo fácil: a vaciar la hucha de las pensiones y reducir la cuantía de las jubilaciones actuales y futuras. Un error, no solo porque afecta a la vida de nueve millones de personas, sino porque cuando se empieza a recortar no se acaba nunca.
En la ecuación del equilibrio del sistema falta la otra componente: los ingresos. Pero el Gobierno obvia este debate. Lo suyo es el recorte como respuesta automática. Pero hay más soluciones. En el corto plazo, de aquí al 2016 o 2017, hay que combinar el uso del Fondo de Reserva con medidas inmediatas que mejoren los ingresos del sistema a corto plazo, aunque sean coyunturales.
Y en el medio y largo plazo, ante el desafío demográfico y una vez superada la recesión, hay que pensar en medidas estructurales, de fondo, que van desde el uso de otras fuentes de financiación pública, además de la cotizaciones sociales, hasta la asunción por los Presupuestos Generales del Estado de algunos de los gastos e incluso de las prestaciones actuales del sistema de la Seguridad Social. Un debate de enorme trascendencia social en el que es inaceptable actitudes como la mostrada por el Gobierno de imponer la reducción de la capacidad adquisitiva de los pensionistas a partir ya del 2014 desoyendo voces tan cualificadas como el Consejo Económico y Social de España.