La medida, que rechazan los sindicatos y la oposición, afectaría a unos 300.000 jubilados
10 sep 2013 . Actualizado a las 18:15 h.El Gobierno portugués propuso un nuevo plan de reducción de pensiones de trabajadores del Estado para el 2014 que implica recortes del 10 % en las pensiones de más de 600 euros y una disminución de las jubilaciones anticipadas.
El proyecto plantea un ahorro de unos 700 millones de euros en gasto público y fue divulgado por los sindicatos dentro de la ronda de negociaciones que se celebraron hoy con el Ejecutivo conservador. El documento, que el Consejo de Ministros deberá aprobar en las próximas semanas, se enmarca en el plan de ajustes exigido a Portugal por la Unión Europea< y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el rescate financiero.
Los recortes se aplicarían sobre las pensiones superiores a 600 euros concedidas hasta el 2005 y afectarían unas 300.000 personas, según el texto.
En el plan, quedan fuera de la reducción unas 134.000 pensiones, entre ellas las de familiares de los fallecidos menores de 419 euros, un umbral más alto que el considerado en la versión inicial divulgada en agosto, que preveía aplicarlos sobre las jubilaciones de más de 300 euros. En total, la población de Portugal, con uno de los índices de envejecimiento más elevados del mundo, tiene cerca de un 30 % de jubilados y pensionistas, unos tres millones de personas de los 10,5 de su población total.
Las jubilaciones anticipadas, que en el sector privado están suspendidas desde abril del 2012, se mantendrían en el público pero según un nuevo cálculo que disminuiría también el montante. Otra medida plantea la suspensión de aquellas pensiones que se paguen a pesar de que el trabajador siga ejerciendo sus funciones públicas.
Al final de la reunión en el Ministerio de Finanzas, los sindicatos de la función pública consideraron que la norma es «inconstitucional» y llamaron a los ciudadanos a una manifestación el próximo 25 septiembre contra los recortes planteados. La coordinadora del Frente Común de los Sindicatos de la Administración Pública, Ana Avoila, afirmó en declaraciones a periodistas que «no hubo margen para negociar» y pidió una ronda más de conversaciones, aunque aseguró que el Gobierno dio por cerrado el proceso.
La oposición socialista avisó la semana pasada que una reforma de las pensiones mediante recortes sería enviada al Tribunal Constitucional, que la semana pasada anuló una ley que facilitaba el despido de funcionarios.
Para el Ejecutivo conservador, que cuenta con mayoría parlamentaria gracias al apoyo de los Social Demócratas (centro-derecha) y los democristianos, esta revisión del sistema es necesaria para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas a largo plazo. Además, esta medida permitiría, según el gobierno portugués, una convergencia entre el régimen público de jubilaciones -conocido como Caja General de Pensionistas (CGA)- y el que afecta a los trabajadores del privado, a cargo de la Seguridad Social.
Según la argumentación del Gobierno en el texto, el sistema de la CGA es «más ventajoso» y en los últimos veinte años sobrecargó el presupuesto estatal, al pasar de 765 millones de euros a 4.300 millones. La CGA concede pensiones a 437.000 funcionarios con una paga media de 1.350 euros mensuales frente a los 2,2 millones de pensionistas de la Seguridad Social. Según datos oficiales, un 85 por ciento de los jubilados de la Seguridad Social recibieron en 2011 de media menos de 500 euros al mes