El banco malo tendrá capacidad para invertir hasta 90.000 millones en activos tóxicos

vigo / La voz / agencias

ECONOMÍA

18 oct 2012 . Actualizado a las 07:00 h.

El Gobierno se ha propuesto aprobar el viernes 16 de noviembre el Real Decreto que desarrolla la creación del denominado banco malo, que pasará a llamarse Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y tendrá hasta 90.000 millones de euros en activos, una dotación superior a la estimada, según adelantaron ayer fuentes del Ministerio de Economía.

El objetivo marcado es que el Consejo de Ministros que se celebrará a mediados de noviembre apruebe la norma que desarrolla la creación de esta entidad, que se publicaría al día siguiente para su entrada en vigor el lunes 19 de noviembre.

Para cumplir con ese calendario y conseguir que la sociedad comience a operar en diciembre, Economía ha elevado (desde ayer miércoles) a consulta pública y hasta el próximo 25 de octubre el proyecto del Real Decreto.

Según lo avanzado por el ministerio, la Sareb será una sociedad anónima que podrá tener como accionistas al FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), bancos, aseguradoras, fondos de inversión y de capital riesgo.

El también denominado banco malo asumirá bienes inmuebles de las entidades financieras con un valor superior a 100.000 euros, los créditos al sector promotor, inmobiliario y de construcción superiores a 250.000 euros por prestatario, así como participaciones de la banca en inmobiliarias.

Valoración de activos

Con todo ello, y teniendo en cuenta el descuento al que se transfieran los activos al banco malo, la sociedad podría tener entre 85.000 y 90.000 millones de euros en activos. El Gobierno confía en que el descuento no provoque un hundimiento del mercado inmobiliario pero que sí sea lo suficientemente atractivo para atraer a los inversores privados, que deberán tener el control de la entidad.

Fuentes de Economía han explicado que la sociedad podría recibir fondos del rescate bancario europeo para facilitar la compra a los bancos de los activos tóxicos y ofrecerles a cambio deuda con aval del Estado, que las entidades podrían descontar ante el BCE.

De ese modo, sin aumentar la deuda pública española, pues solo se trata de un aval, los bancos se libran del peso de los activos tóxicos y a cambio reciben liquidez con la que contribuir a la recuperación del crédito.

La sociedad tendrá un consejo de administración con un mínimo de 5 miembros y un máximo de 15, de los que un tercio tendrán que ser independientes.