El gobierno asegura que el acuerdo de la época del PSOE que obliga al Ayuntamiento a pagar el transporte de rechazos es lesivo para el interés público
04 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El 8 de abril del 2011, dos meses antes de las elecciones municipales, la junta de gobierno local que encabezaba el PSOE aprobó una propuesta, presentada fuera del orden del día, en la que se aceptaba parcialmente una millonaria reclamación presentada por la UTE Albada, gestora de la planta de residuos de Nostián.
La empresa exigía casi 36 millones de euros al entender que existía un desequilibrio económico en la concesión, provocado por la decisión de la Xunta de impedir el uso de un vertedero controlado de residuos, lo que obligó a tomar diversas medidas que incrementaron los costes.
Los técnicos del departamento de Medio Ambiente afirmaron que haría falta una auditoría para determinar el alcance del desequilibrio y si fue causado por motivos no imputables a la empresa. Pero aún así, consideraron que el Ayuntamiento debía asumir el gasto del transporte de hasta el 55 % de los rechazos (la basura no reutilizable). En total un máximo de 3,37 millones de euros anuales durante una década desde el 1 de enero del 2011.
El Ayuntamiento nunca pagó esa cantidad, pero el acuerdo del 2011 no le ha salido barato. En aquel año desembolsó casi 2,9 millones, mientras que en el 2013 fueron 1,9 millones y el año pasado fueron cerca de 1,5 millones.
Pero ahora ha decidido no pagar más, al considerar que el pacto del 2011 es «lesivo para el interés público». Sus argumentos son que las causas del desequilibrio económico no fueron motivadas, que se incluyó en la cantidad anual a pagar el beneficio industrial y los gastos generales, que se subcontrató la prestación del servicio, y que se incluyó una condición «lesiva para el interés público». Esa condición es que el acuerdo del 2011 permite que el porcentaje de rechazos que salen de la planta sea del 55 %, cuando lo firmado en el contrato era el 35 %. Es decir, se acepta que la gestora trate un 20 % menos de basura y además se le paga el transporte de la misma.
Sin embargo, aún pueden pasar meses hasta que el Ayuntamiento deje de pagar. Tras iniciar mañana el proceso se abrirá un plazo de 15 días para que la empresa Albada presente alegaciones. Si el Ayuntamiento las rechaza declarará la lesividad en otra junta de gobierno y se abrirá otro período de dos meses antes de que acuda a los tribunales. Serán los tribunales de lo Contencioso-Administrativo en un proceso judicial ordinario los que decidan si el pacto firmado en el 2011 es lesivo para el Ayuntamiento y nulo.
El conflicto entre la administración y la gestora acaba con un choque judicial múltiple
El largo conflicto entre Albada, empresa gestora de Nostián, y el Ayuntamiento ha desencadenado una escalada judicial que deberá gestionar el próximo gobierno local y aleja la posibilidad de un acuerdo para solventar los múltiples problemas de la instalación.
La declaración de lesividad se producirá justo un mes antes de que acabe el plazo máximo de cuatro años para presentarla. El gobierno local ha apurado el plazo máximo mientras exploraba otras vías para resolver el conflicto y estudiaba los argumentos para sostener la declaración.
Pero desde finales del año pasado el enfrentamiento parecía abocado a los tribunales. La gestora de la empresa ya había presentado para aquel entonces dos demandas, en una de ellas presentada en el 2011, exigía que se le compense la revisión de precios vigente desde antes de que arrancase el mandato, más de siete millones de euros según fuentes conocedoras del conflicto.
Otra pretende anular la decisión del gobierno local de personarse en ese procedimiento.
La tercera fue presentada este año y demanda al Ayuntamiento el pago de casi 36 millones de euros por el desequilibrio económico de la concesión. La querella propone que se tome declaración al alcalde actual, Carlos Negreira, como representante del Ayuntamiento, y que testifiquen sus predecesores Francisco Vázquez, Javier Losada y numerosos cargos del PSOE.