La Diputación de Ourense defiende ante el TSXG que su ERE está «perfectamente argumentado»

El TSXG acogió esta mañana el juicio por la demanda presentada por Comisiones Obreras contra el ERE de la Diputación ourensana al entender que no cumple las condiciones exigidas para este tipo de expedientes. El juicio contó con numerosa asistencia debido a que es un tema que genera expectación ya que fue el primer ERE presentado por una Diputación en España y a que en su día contó con un informe desfavorable de la Consellería de Traballo. Desde CC.OO. lo que se busca es que se declare nulo el expediente, mientras que la Diputación defiende que quede desestimada la demanda.

El abogado de la Diputación de Ourense, José Ignacio Galindo, justificó, punto por punto, los supuestos incumplimientos que se produjeron en la tramitación del expediente de regulación de empleo presentado por el organismo el pasado diciembre inicialmente contra 32 trabajadores laborales indefinidos, que posteriormente quedaron reducidos a 25. El letrado insistió que el ERE se presentó por razones económicas y rechazó que fuera para «subsanar una anomalía», que fue como se definió la contratación de parte del personal afectado debido a que entraron en la plantilla provincial después de sentencias desfavorables a la Diputación o para regular otras situaciones. Asimismo, apuntó que los argumentos de la administración provincial están «perfectamente argumentados con datos, certificaciones y el resultado de presupuesto». También justificó que no se haya cumplido el número mínimo que exige la ley para recurrir a un ERE y que se haya sobrepasado el período de consulta a una labor con la que se intenta minimizar el impacto de la medida, frente a la interpretación del sindicato que considera que lo que no se cumple es la normativa.

Por su parte, el fiscal, que solo se pronunció sobre una posible discriminación teniendo en cuenta los derechos fundamentales, indicó que en este caso no ve justificado, como defiende CC.OO., que se pueda esgrimir el articulo 14 de la Constitución contra la decisión de la Diputación, al entender que no se argumentó. Sin embargo, en su alegación mostró su apoyo a la tesis de CC.OO. al entender que «este ERE puede resultar raro», pero también estimó que puede resultar chocante que la Diputación centre sus esfuerzos en el gasto de personal.

Mientras, el letrado de CC.OO., Pablo Guntiñas, argumentó que el expediente es discriminatorio por cuanto lo que busca es «suprimir un colectivo perfectamente identificado por el tipo contractual». Indicó que no se puede justificar el expediente cuando «se eliminan una serie de personas independientemente del departamento en el que estén», mientras se mantienen en similares puestos a trabajadores temporales.

En el juicio declaró la interventora de la Diputación, que indicó que el 55 por ciento de los presupuestos van destinados a los gastos corrientes, las nóminas y la amortización de la deuda y abogó por los recortes en el capítulo de personal y consideró que es decisión política que se mantengan otras partidas, como las de apoyo al deporte que rondan el coste que suponen los incluidos en el expediente. Fue ella la que cifró el ahorro logrado con el ERE a los 25 trabajadores en 900.000 euros al año, que se elevaría a dos millones, teniendo en cuenta que en octubre del 2012 se han suprimido una treintena de interinos. También declaró el secretario defendiendo que en el período de consultas se facilitó a la representación sindical la documentación requerida y que el funcionamiento de una administración pública no es comparable con una empresa privada. En este sentido, justificó otras contrataciones a pesar de haber presentado el ERE debido a que parte de ellos estaban vinculados a una ayuda autonómica.

La perito que cerró el turno de declaraciones, en cambio, consideró que no contaban con los informes económicos necesarios para saber las cuentas exactas que manejó la Diputación los últimos años.

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