Urdangarin echó balones fuera sobre las adjudicaciones en Baleares (2,6 millones) y la Comunidad Valenciana (3,1 millones). Señaló directamente a los entonces responsables de las Administraciones contratantes -los presidentes autonómicos Jaume Matas y Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá- por haber usado la figura del convenio, secreto en el caso de Baleares, y no del concurso público. Insistió que él estaba al margen de esos asuntos legales, que eran competencia de Torres, y dio por sentado que todo era perfectamente legal. En el caso de otros contratos públicos o propuestas de concursos ficticios negó que la firma fuera la suya e, incluso, apuntó que estaba falsificada.
No negó que fue Barberá quien le facilitó las cosas en la Comunidad Valenciana, presentándole a Camps. Tres días después de su encuentro con los dos, Nóos se llevó la organización del Valencia Summit, según confesó. Tampoco negó que se le abrieran las puertas en Baleares tras un partido de pádel en el palacio de Marivent, residencia veraniega de la familia real, con el presidente Matas y el entonces director general de Deportes, Pepote Ballester, en el 2003. Allí se cerró el negocio de 300.000 euros, aunque, según él, no se habló de dinero, para patrocinar al entonces equipo ciclista Banesto y hacer el seguimiento de prensa de este asunto.
Anoche, el abogado y portavoz del duque de Palma remitió a Efe un comunicado en el que niega que su defendido haya implicado a Camps y a Barberá.