Los Solórzano retoman un ayuno interrumpido en octubre para exigir un pago justo por sus tierras confiscadas
18 dic 2010 . Actualizado a las 02:12 h.Toda una familia hispanovenezolana está en huelga de hambre para lograr una indemnización por la expropiación de una finca por parte del Gobierno de Hugo Chávez. Son los hermanos Solórzano: Olga, de 58 años; Carlos, de 54; Luis, de 52, y Ángel, de 30. El jueves se declararon en ayuno ante la puerta del Consulado de España en Caracas, para exigir el pago acordado con el Estado venezolano.
A ellos se unió ayer por la tarde el padre, José, de 85 años. Y si falta la madre, Pilar Adolia -de quien heredaron la nacionalidad española, pues nació en La Palma (Canarias)- es porque falleció hace nueve años en un accidente de automóvil.
José y Pilar, quien tendría hoy 86 años y llegó a Venezuela en la década de los años cuarenta, compraron la finca en 1965, directamente al Estado. La llamaron Hato La Vaca, un terreno de 33.000 hectáreas en una zona de los Llanos venezolanos en la que las grandes haciendas ganaderas son la norma. Sus hijos y nietos heredaron el amor por la tierra.
Alegando que la finca estaba improductiva, el Instituto Nacional de Tierras (INTI) la ocupó manu militari hace cuatro años para entregársela, supuestamente, a campesinos sin tierras.
Luis Solórzano, portavoz de la familia, señala con tristeza: «Tendría que ver lo que son ahora. Puro monte, todo se ha perdido». La maleza también se ha comido las casas de la familia. Los Solórzano vivían juntos y hoy están disgregados entre tres ciudades, lejos de lo que saben hacer.
En septiembre se aprobó el pago de sus tierras, unos dos millones de euros al cambio oficial -una tercera parte en el mercado negro-. Se hicieron dos avalúos (valoración de los bienes), uno por una firma contratada por los hermanos y otro por el Estado venezolano. Solo valió este último para fijar el precio. «Cinco veces menor que el que nos hicieron a nosotros», acota Carlos.
El retraso en pagar ese acuerdo hizo que en octubre Carlos y Luis iniciaran un ayuno de cinco días a las puertas del consulado español, que abandonaron con la garantía de que el cobro era inminente. Pero no se dio.
El jueves, al retomar su ayuno, recibieron la visita de la consultora legal del INTI, Liyuni Sosa, que les propuso el pago en dos partes, una ahora y otra en enero. «No aceptamos, no nos conviene», señala Luis. «Esos recursos fueron aprobados por el presidente [Chávez]. Nos los enseñaron en un punto de cuenta del Consejo de Ministros».
Solidaridad
Están en una plaza semipública, a la entrada del edificio del consulado, y en las filas que se forman en la calle todos los días para entrar en la sede diplomática reciben la solidaridad de los españoles residentes en Venezuela. También del Gobierno español, «que está pendiente de nosotros», indica Olga. «Le pedimos a España que tenga en cuenta que somos miles de españoles en Venezuela, y que al menos 350 productores españoles están en nuestra situación, expropiados sin pago», agrega Luis.
Como huelguistas, no olvidan a Franklin Brito, el productor agrario que murió de inanición en agosto, tras cuatro años de ayunos intermitentes en los que nunca recibió indemnización del Estado venezolano tras una expropiación similar a la de los Solórzano. Luis afirma «No queremos correr el mismo destino, pero sí lograr nuestro objetivo».