La OEA denuncia «serias» restricciones a los derechos humanos en Venezuela

Diego Urdaneta

INTERNACIONAL

Asegura que la falta de separación de poderes debilita el Estado de derecho y la democracia

25 feb 2010 . Actualizado a las 02:00 h.

El Estado de derecho en Venezuela se ha debilitado por la falta de separación de los poderes y, además, hay «serias restricciones» a los derechos humanos, asegura la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo independiente de la OEA.

En un informe divulgado ayer, la CIDH observa un «debilitamiento del Estado de derecho y la democracia en Venezuela» que «ha tenido como consecuencia serias restricciones al pleno goce de los derechos humanos».

El Estado no ha «garantizado a todas las personas el pleno ejercicio de sus derechos con independencia de su posición frente a las políticas del Gobierno», sostiene.

Además, dice que «se está utilizando el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política». Como ejemplos, la CIDH señaló la inhabilitación por parte de la Contraloría General de 260 candidatos, la mayoría opositores, para las elecciones regionales del 2008, mientras que a varios funcionarios electos en esos comicios les fueron restringidas sus funciones.

La CIDH destacó que este informe fue elaborado sin una visita de observación a Venezuela, toda vez que el Gobierno de Chávez se niega a permitirla desde el 2002. Caracas se escuda en que el secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, reconoció el Gobierno de facto que se instaló durante 48 horas durante el fallido golpe militar de abril del 2002 contra Chávez.

Precisamente desde ese año, el organismo independiente de la OEA ha incluido a Venezuela en un capítulo en su informe anual que dedica a aquellos países del continente donde los derechos humanos estarían más comprometidos.

La negativa del Gobierno de Chávez a permitir la visita «debilita seriamente el sistema de protección colectivo» creado por la OEA, consideró la CIDH, que subraya la falta de «condiciones para que los defensores de derechos humanos y los periodistas ejerzan libremente su labor» en Venezuela.