italia Berlusconi alega secreto de Estado en el caso de las escuchas ilegales

Con la decisión de Silvio Berlusconi, presidente del Gobierno italiano, de establecer el secreto de Estado en lo concerniente a las relaciones entre los servicios secretos militares (Sismi) y la compañía telefónica Telecom se da carpetazo a un escándalo que ha hecho correr ríos de tinta en Italia por las escuchas ilegales que la principal compañía telefónica, Telecom, hacía con el beneplácito de los servicios secretos y que afectó en el 2006 a periodistas, empresarios y personajes del mundo del espectáculo.

Acusado de «asociación para delinquir», así como de «violación de secretos oficiales», el principal imputado es Marco Mancini, ex número dos del Sismi. Cuando en su momento fue interrogado por Mariolina Panasiti, jueza de Milán, Mancini se amparó en el secreto de Estado para no responder sobre su relación con el ex jefe de seguridad de Telecom, Giuliano Tavaroti, con el investigador privado Emmanuele Cipriani y con el ex agente de la CIA John Paul Spinelli, también imputados en el caso. Fue la misma respuesta que dio a la pregunta de si había tenido relación con Marco Tronchetti Provera, en aquella época presidente de Telecom y principal accionista.

Los fiscales objetaron que no existía el secreto de Estado. Ante la situación, la jueza Panasiti solicitó al Ejecutivo una «interpelación», tal y como prevé la ley italiana cuando un imputado dice no poder defenderse sin violar un secreto de Estado.

Posibilidad de absolución

La respuesta de Berlusconi confirma las palabras de Mancini y cierra la puerta a toda investigación sobre las relaciones entre el agente secreto y la compañía Telecom.

Mancini, quien siempre se ha declarado inocente de los delitos que se le imputan, podría ser absuelto al no poderse llevar a cabo el proceso, tal y como ya ocurrió en noviembre del 2009 en el caso del secuestro del imán Abu Omar, la otra causa en la que estaba acusado.

El escándalo Telecom-Sismi salió a la luz en septiembre del 2006 cuando fueron arrestadas 21 personas, entre ellas empleados de Telecom, policías y militares de los Carabineros y de la Guardia de Finanzas. Según se supo, el investigador privado Emmanuele Cipriani había recibido el encargo de Tavaroti, jefe de seguridad de Telecom, de realizar dosieres secretos con información conseguida a través de escuchas ilegales y que habría afectado a personalidades de la política, de la economía y del espectáculo, además de periodistas y futbolistas. Mancini habría colaborado con Cipriani entregándole datos sobre cuentas corrientes e informaciones penales a cambio de importantes sumas de dinero.