estados unidos Críticas a Obama por facilitar que no se juzguen las torturas en Guantánamo

El anuncio formal del presidente de Estados Unidos de que no se acusará a los funcionarios de la CIA que participaron en las torturas a presos de Guantánamo ha levantado las críticas de las asociaciones de derechos humanos.

Barack Obama dijo la noche del jueves que «aquellos que cumplieron con sus obligaciones fiándose del asesoramiento legal de la Secretaría de Justicia no serán enjuiciados». Puso fin así a las especulaciones sobre la responsabilidad de los miembros de la agencias de inteligencia ante la Justicia. Ya había anticipado Obama un día antes en una entrevista a la CNN en español que su opinión era la de mirar «hacia adelante y no hacia atrás».

Pero las asociaciones de derechos humanos no están de acuerdo con la opinión de Obama. Si este ha explicado que «no se gana nada en invertir tiempo y energías en asignar culpas por lo que pasó», el responsable de la asociación Human Rights Watch, Stacy Sullivan, le ha contestado que «perseguir violaciones de la ley no implica inculpar por lo que pasó, sino evitar que esos crímenes vuelvan a suceder». Otras asociaciones internacionales han mostrado su preocupación por el mensaje que la decisión de la Casa Blanca envía a los países que torturan.

Documentos desclasificados

Y es que además, la decisión de Obama se conoció al mismo tiempo que se hacían públicos ayer de madrugada cuatro documentos con descripciones de los interrogatorios. Esos textos redactados por dos asesores jurídicos del ex presidente George W. Bush facilitaron el marco legal para prácticas consideradas comúnmente como tortura. Asfixia simulada, privación del sueño o golpes son descritos con detalle y considerados por los autores de los textos como permitidos, ya que no causaban «dolor físico permanente» o «daños psíquicos duraderos».

Uno de esos documentos, de agosto del 2002, dio luz verde para que se sometiese al miembro de Al Qaida Abu Zubaydah a un interrogatorio con asfixia simulada. Este texto fue redactado por el abogado del Gobierno, Jay Bybee.

El fiscal general, Eric Holder, también aclaró el jueves que los funcionarios de la CIA que pudiesen ser acusados de cargos relacionados con estas prácticas en el extranjero contarán con asistencia legal gratuita.