La oposición compite en los comicios regionales y locales contra la maquinaria del Estado, puesta al servicio de los oficialistas
21 nov 2008 . Actualizado a las 02:00 h.Alineadas en un centro deportivo de Petare -la barriada marginal más poblada de Latinoamérica, con aproximadamente dos millones de habitantes- se ven mil lavadoras, otras tantas neveras y un número similar de cocinas. La escena, que se ha repetido semana a semana en este municipio empobrecido, así como en otros fuera de Caracas, es electoral. Es el partido oficialista regalando electrodomésticos a familias de escasos recursos.
Es solo un aspecto del acentuado ventajismo electoral que ha caracterizado la campaña de los comicios regionales y locales del domingo en Venezuela. Esta prebenda no admite competencia. Un candidato opositor en Valencia (Carabobo), que ha hecho lo mismo en su ciudad, fue detenido esta semana bajo acusaciones de narcotráfico.
Aldala Makled, el detenido, es colaborador de Luis Acosta Cárlez, candidato que llegó a la gobernación hace cuatro años abanderado por el chavismo, pero que fue dejado a su suerte hace unos meses. Desde entonces, opta a la reelección como independiente.
En la campaña han participado activamente las instituciones del Estado. La Contraloría General de la República inhabilitó, bajo cargos de presunta corrupción, a los candidatos opositores con más opciones en los estados de Anzoátegui, Mérida, Miranda y el Distrito Capital, a pesar de que nadie puede ser incapacitado en sus derechos políticos sin una sentencia firme y ninguno de los cuatro se enfrentó aún a un proceso judicial.
El ex gobernador de Yaracuy y candidato a la reelección que está en fuga tras haber pasado más de un año preso sin actuaciones judiciales, Eduardo Lapi, también fue inhabilitado.
Pero las amenazas más fuertes han ido dirigidas a Manuel Rosales, contrincante de Hugo Chávez en las presidenciales del 2006, gobernador de Zulia y ahora aspirante a alcalde de Maracaibo. El presidente ha dicho que «cuando gane las elecciones, irá preso», y tanto la Fiscalía como la Contraloría y el Parlamento están investigando sus actuaciones.
Chávez ha hecho campaña a diario desde hace más de un mes y en todos los estados, a pesar de que la Constitución y la Ley de la Administración Pública señalan que ningún funcionario puede participar en campañas electorales. Cuando la oposición comenzó a quejarse y a esgrimir el texto fundamental, Chávez indicó: «Toda mi vida estaré en campaña». Los medios estatales (cerca de la mitad de los de radio y televisión) transmiten íntegros sus actos de campaña.
Según la organización no gubernamental Ojo Electoral, la propaganda oficial en esta campaña supera a la opositora en una proporción de 30 a 1. A pesar de ello, opositores como Carlos Ocariz, candidato en Petare, son optimistas. «Agarre y luego vote por quien usted crea», le dice a los beneficiarios de los electrodomésticos. Igual piensa José Albornoz, secretario general del partido Patria Para Todos, quien ha pasado en pocos meses de aliado cercano a enemigo del Gobierno a lo largo de esta campaña: «Una lavadora lava todo, menos las conciencias», afirma.