El PP español vota en la Eurocámara contra la condena a Italia por fichar a los gitanos con sus huellas dactilares

J.?O.

INTERNACIONAL

11 jul 2008 . Actualizado a las 02:00 h.

El Parlamento Europeo aprobó ayer por una mayoría no demasiado amplia una moción en la que critica duramente la política de Berlusconi con la población de etnia gitana, y en la que exige al Gobierno italiano que retire su plan, por utilizar criterios de raza para fichar e identificar con su foto y su huella dactilar a los ciudadanos gitanos de ese país, menores de edad incluidos.

La moción, que fue aprobada con 336 votos a favor, 220 en contra y 77 abstenciones, considera que esa medida supone un acto de discriminación racial que viola los derechos fundamentales de los ciudadanos afectados, y exige a la Comisión Europea que verifique si esas acciones son compatibles con el derecho comunitario. Italia respondió ayer que la resolución se basa «en presupuestos falsos» y que ha sido instrumentalizada por la izquierda.

A favor de la condena se pronunciaron casi todos los diputados socialistas europeos y españoles, incluidos los gallegos Rosa Miguélez y Antolín Sánchez Presedo. En contra votaron la mayoría de los europopulares, como los gallegos Francisco Millán Mon y Carmen Fraga. Su compañero de filas Daniel Varela optó por la abstención. También se negó a rechazar la actuación del Ejecutivo Berlusconi Ignasi Guardans, de CiU, formación que se presentó a las elecciones en coalición con el BNG y el PNV, cuyo representante, Josu Ortuondo, se ausentó de la votación.

La resolución recuerda que proceder a fichar a un ciudadano por el único motivo de pertenecer a un grupo étnico constituye «un acto de discriminación directa basado en la raza» expresamente prohibido en el artículo 14 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

El texto recuerda que la medida incluye a los menores, lo que aumenta su gravedad porque supone una violación inadmisible de sus derechos. Finalmente, la moción pide que se garantice su acceso en condiciones de igualdad a la educación, la vivienda y la asistencia sanitaria.