La amenaza que lanzó el presidente Hugo Chávez de que no venderá petróleo y paralizará las inversiones venezolanas en los países de la UE que apliquen la directiva de retorno de inmigrantes se debe a un error de interpretación. Así lo cree el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien ayer anunció en Bruselas que España podría contribuir a suavizar la situación.
«Quizá convenga explicarle a Chávez en qué consiste la directiva», dijo Zapatero. En Madrid, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega anunció un «esfuerzo diplomático» para explicar el contenido de la directiva a los Gobiernos de los países latinoamericanos que han expresado sus dudas sobre su compatibilidad con el respeto a los derechos humanos.
La directiva de retorno, aprobada el pasado miércoles por el Parlamento Europeo, permite que los Gobiernos de la UE priven de libertad hasta dieciocho meses a los inmigrantes irregulares aunque no hayan cometido delito alguno, que les deporten a países distintos al suyo y, en el caso de los menores de edad, que los expulsen y los pongan en manos de instituciones de acogida aun cuando sus familias no puedan hacerse cargo de ellos. También permite a los socios europeos limitar el control judicial de los expedientes de expulsión, y el uso de penales convencionales para recluir a los sin papeles cuando no existan centros especiales suficientes.
La medida ha provocado el rechazo de decenas de gobernantes de África y América Latina, el último el presidente peruano, Alán García, quien reclamó ayer a la Organización de Estados Americanos (OEA) que convoque una asamblea general destinada en exclusiva a estudiar la situación.
«Desproporcionada»
Lo hizo poco después de que Chávez anunciara que su Gobierno dejará de suministrar petróleo a los países de la UE que apliquen la directiva. «Aquí no vamos a meter a nadie en la cárcel, pero el retorno de inversiones, eso sí estamos dispuestos a hacerlo ya, ahora mismo. Esa ley no se puede aceptar», dijo. El secretario del Consejo y responsable de las relaciones exteriores de la UE, Javier Solana, calificó la amenaza de «desproporcionada».