La medida permite que los inmigrantes sin papeles puedan ser retenidos 18 meses antes de ser deportados
19 jun 2008 . Actualizado a las 16:51 h.Los podremos privar de libertad hasta año y medio, sin juicio, sin acusarlos de haber cometido un delito e incluso si tienen menos de 18 años. Los podremos recluir en cárceles convencionales si los centros de internamiento están llenos, y también podremos deportarlos a países distintos al suyo. Aunque vengan huyendo del hambre, la guerra y la miseria, y aunque solo quieran un trabajo para construirse una vida digna a nuestro lado, si entran sin permiso o se quedan en nuestro territorio cuando expire su visado podremos prohibirles que vuelvan. Y da igual que sean niños, porque ni siquiera ellos tendrán garantizado el amparo de un juez. Las decisiones sobre su extradición las podrá tomar un funcionario.
Los europeos, a través de nuestros representantes en la Eurocámara, nos dotamos ayer de una de las normativas más duras del mundo para combatir la inmigración irregular, una ley que numerosas organizaciones de defensa de las libertades civiles consideran incompatible con los derechos humanos más esenciales. La directiva de retorno, negociada con el Consejo, dará ahora dos años a los Estados miembros para que adapten sus legislaciones a las nuevas normas.
La ley cosechó ayer en el Parlamento Europeo un apoyo mayor del que se esperaba: 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones. Dijeron sí todos los eurodiputados españoles del PP, incluidos los gallegos Carmen Fraga, Francisco Millán Mon y Daniel Varela, y la práctica totalidad de los del PSOE, entre ellos los gallegos Rosa Miguélez y Antolín Sánchez Presedo. Solo se opusieron Willy Meyer (IU), David Hammerstein (Verdes) y los socialistas Josep Borrell y Raimon Obiols. Su compañero Martí Grau se abstuvo, al igual que Josu Ortuondo, del PNV, que se presentó en las listas de Galeuscat en coalición con el BNG. Su colega de candidatura, Ignasi Guardans, de CiU, votó a favor.
«Legislaciones avanzadas»
«Los socialistas españoles hemos intentado hacer de la propuesta del Consejo un texto más garantista, acercándolo al máximo a las legislaciones europeas más avanzadas, como la española», dijo ayer Javier Moreno, miembro de la Comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara, para justificar que su grupo no votara en contra. Lo hizo en contra de la mayoría del Grupo Socialista Europeo, aunque otro medio centenar de socialistas de otros países optaron por la misma postura que los españoles.
Moreno, hijo de inmigrantes españoles en Bélgica, también recordó que la directiva no obliga, sino solo faculta a aumentar el período de retención de los irregulares. Y añadió que España cuenta con «una legislación muy superior en cuanto a derechos del inmigrante». Para Agustín Díaz de Mera (PP), director general de la Policía en el Gobierno de Aznar, es un «decidido paso de la UE para tener una política de inmigración común».
Frente a ellos, medio centenar de gobiernos de países africanos y americanos, a muchos de los cuales España y Galicia han exportado inmigrantes durante decenios, opinan que la directiva, vulnera los derechos del hombre. Amnistía Internacional pidió ayer a la UE que mejore el trato a los inmigrantes sin papeles, y que no use la directiva como excusa para empeorar su situación.