La historia se copiaba a sí misma un día de junio del 2004. En esa fecha Jeremy Hinzman, un ex marine estadounidense destinado a Bagdad que había abandonado su batallón un día antes de la partida, decidió convertirse en el primer desertor de la guerra de Irak que pidió asilo político a Canadá. Desde entonces más de dos centenares de soldados estadounidenses han seguido su ejemplo en una maniobra que ha vuelto a poner al país vecino de Estados Unidos en el punto de mira de las relaciones internacionales.
Canadá está considerado históricamente un santuario de los objetores de conciencia desde la guerra de Vietnam, cuando decenas de miles de jóvenes decidieron poner rumbo al norte animados por las autoridades de entonces, que proclamaron el país «territorio libre de militarismo». Pero los actuales dirigentes del país están divididos sobre la vigencia de esta tradición.
El conservador Stephen Harper no parece decidido a mantenerla. Considerado un aliado fiel de la Administración Bush, la lealtad de Harper al inquilino de la casa Blanca fue especialmente evidente en la guerra de Afganistán, donde Canadá despliega todavía a 2.500 soldados. Si no ha avanzado más en este terreno es por su escaso poder en el Parlamento, donde la unión de los partidos de la oposición permitía el pasado 6 de diciembre aprobar una resolución que abría la posibilidad de convertir en ciudadanos a todos los desertores.
Aunque los datos oficiales hablan tan solo de 25.000 desertores desde el 2003, la mayoría de la organizaciones contra la guerra elevan esa cifra y calculan en casi 35.000 los soldados que han abandonado las filas del Ejército norteamericano desde el comienzo de la contienda.
Estados Unidos considera como desertor a cualquiera que falte a su puesto de trabajo durante más de 30 días seguidos y sin justificación. La ausencia da lugar a la formulación de cargos criminales que pueden desembocar en penas que oscilan desde los cinco años de cárcel hasta la ejecución militar, si la deserción se produce en el campo de batalla.
Sin embargo, y dada la impopularidad del conflicto, la mayoría de los desertores son obviados por una Justicia que solo se acuerda de ellos si cometen otro delito. La perspectiva, por tanto, es diferente a la de los rebeldes de Vietnam, normalmente perseguidos y cuya deuda sigue pendiente en muchos casos todavía hoy.