El director general fue informado de que algunos mandos intentaron entorpecer la investigación y no pusieron los medios necesarios
08 may 2011 . Actualizado a las 06:00 h.La jueza que dirige la operación Carioca tuvo que abrir unas diligencias previas por obstrucción a la justicia debido a que mandos de la Guardia Civil supuestamente trataron de torpedear sus investigaciones. Esta situación es realmente insólita, máxime teniendo en cuenta que los cuerpos de seguridad, y sobre todo sus mandos, han de tener como máxima la colaboración activa con la justicia para hacer frente a quienes delinquen. Pilar de Lara se vio incluso en la necesidad de poner en conocimiento del director de la Guardia Civil la situación a la que tuvo que hacer frente a través de una carta enviada en marzo del año pasado.
Lo ocurrido en el seno de la comandancia de Lugo es otro de los escándalos que rodea esta macroinvestigación, a la que diversos organismos trataron de restar importancia o simplemente prestaron una colaboración mínima. No hay que olvidar que algunos requerimientos tardaron en ser contestados, y hay casos en que fueron despachados con informes de dos simples párrafos.
La jueza explicó al director general que desde la unidad de Madrid a la que reclamó colaboración le limitaron el número de agentes dedicados a la investigación, a pesar de la gran cantidad de actuaciones previstas. Para paliar estas carencias, la magistrada recurrió a cinco miembros de la policía judicial de Lugo. Sin embargo, no todo fue coser y cantar, ni mucho menos. En la comandancia lucense se encontró con zancadillas. Vamos, que lo que hacía no gustaba.
Pilar de Lara informó de que la colaboración prestada en la comandancia lucense fue escasa o nula. No apreciaba interés en que se esclarecieran los hechos, y parece que tampoco en que se depurasen responsabilidades dentro de la propia institución. A la jueza no le tembló el pulso, y en el escrito destacó que llegaron a producirse situaciones surrealistas y de entorpecimiento absoluto a su labor investigadora.
Poco tiempo después de que De Lara incluyese en su equipo a varios guardias lucenses, dos de ellos fueron advertidos de un posible expediente disciplinario por falta de lealtad al mando. Para la cúpula de la comandancia resultaba altamente preocupante saber que se estaba investigando la casa desde dentro y no conocer los pasos que se seguían.
La jueza le expuso al director general que le sorprendía y asombraba cómo había más interés en castigar las posibles infracciones disciplinarias de unos agentes que los delitos que pudieron haber cometido miembros de la policía judicial.
Asimismo, denunció la permanente situación de acoso sufrida por varios funcionarios de la policía judicial que se ocupan de realizar la investigación. Al parecer, fueron objeto de comentarios despectivos e incluso con referencias a sus vidas privadas, sin que los responsables de la comandancia, conocedores de la situación, según la jueza, hayan adoptado medidas para evitar los enfrentamientos y conflictos. Con este panorama, los investigadores vieron minada su capacidad, en opinión de la instructora, al tener que hacer frente a continuas situaciones de afrenta dentro del cuartel.
De Lara relató al director general una serie de episodios que consideraba totalmente lamentables. Uno de ellos fue cuando una persona no identificada rompió una puerta del despacho del Emume en la comandancia.
La jueza señaló que a estos graves incidentes, las instancias superiores de la Guardia Civil de Galicia trataron de restarle importancia. Esta circunstancia motivo que tuviese que abrir diligencias por obstrucción a la justicia. Además, ante lo que consideraba nula respuesta por parte de los mandos correspondientes, adoptó la decisión de poner a disposición de los agentes la sede del juzgado para que pudieran trabajar en la investigación. Buena parte de las declaraciones tuvieron que ser tomadas en la sala de vistas del juzgado.
Cúmulo de despropósitos
La jueza le indicó al director general que el cúmulo de despropósitos se produjo cuando otro agente de la Guardia Civil, después de prestar declaración como testigo en las dependencias del juzgado, comenzó a recibir amenazas de muerte que parecían proceder de un compañero.