As Termas apura acuerdos para tratar de evitar que marchen más negocios

D.C. LUGO/LA VOZ.

LUGO

El descontento de las empresas, la crisis y la apertura del centro de Abella marcan las conversaciones

04 sep 2010 . Actualizado a las 02:00 h.

Representantes de la empresa Lugo Retail Gallery S.A., propietaria del centro comercial As Termas, está negociando con los titulares de los negocios implantados en esta superficie una rebaja en el precio del alquiler y en la vigencia de los contratos. Con algunos de los empresarios allí asentados ya llegó a acuerdos, lo que supondrán la continuidad de sus establecimientos a partir del 3 de octubre, que es cuando vencen los primeros cinco años de contrato de obligado cumplimiento suscritos en su día por Desarrollo Comercial Urbano de Lugo XXI, S.A., que se transformó en el año 2006 en la actual empresa y que controlan socios árabes.

Las negociaciones llegan en un momento en el que algunos de los pequeños comerciantes estaban dispuestos a marcharse y cerrar sus establecimientos de As Termas, una vez que quedaran libres de las penalizaciones impuestas en el contrato suscrito en su día. El descenso en las ventas como consecuencia de la crisis económica generalizada y las elevadas rentas que pagaban hasta ahora por el alquiler de los espacios, junto con los gastos de comunidad constituían razones de peso para cambiar de ubicación.

La presión que supone para la propietaria del centro comercial la apertura de un nuevo espacio de estas características en Lugo, el de Abella, junto con la marcha de negocios con tirón como Boleras Pleno, empresa con la que no lograron llegar a un acuerdo, podrían marcar las negociaciones.

Mejora de condiciones

Fuentes consultadas no quisieron dar datos acerca de lo que les supondrá la rebaja en la renta, junto con la revisión de otros aspectos del contrato. Se limitaron a señalar que suponía una importantísima mejora no solo en el precio, sino también en el resto de las condiciones.

Muchas de las empresas que abrieron con el propio centro comercial se marcharon antes de cumplir los cinco años de obligado cumplimiento del contrato y se sometieron a las penalizaciones que figuraban en él, al negarse la propiedad, de forma reiterada a establecer negociaciones para variar las condiciones.