Un trabajador admite que se asignó a algún boletín el número de otro

El auxiliar administrativo que, según parece, asume en la práctica el papel más relevante en la tramitación de los expedientes de las sanciones de tráfico en la Policía Local dio ayer un notable punto de apoyo a los abogados que representan a muchos de los imputados en la investigación judicial por la presunta anulación irregular de multas. En su declaración señaló, según distintas fuentes, que ejerce las funciones que desempeñaba el policía local que durante años se encargó del citado trabajo, aunque con matizaciones. Abrió una brecha hacia el gobierno local al reconocer que sabía que en algún caso se usó el número de un boletín no tramitado para asignarlo a otro, y que comentó este extremo con el director general.

Ayer prestaron declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción número tres de Lugo cuatro trabajadores del Ayuntamiento, unos auxiliares de policía y otros auxiliares administrativos. El último en declarar fue José Ángel Pérez Carreira, auxiliar administrativo (es trabajador laboral); fue la comparecencia más larga y duró alrededor de una hora.

De acuerdo con las versiones recabadas, este trabajador llegó a reconocer que la función que tenía asignada era anómala dado que él no es Policía Local. Admitió que en la práctica desarrollaba acciones organizativas, pese a que carecía de experiencia y de formación para efectuar la instrucción de expedientes. Los medios consultados indicaron que el declarante aclaró su condición de trabajador laboral del Concello, es decir, no es funcionario aunque ejercía sus funciones.

Con todo, para algunos de los abogados resultó especialmente llamativa la admisión por Carreira de que supo que se usaba el número de un boletín no tramitado para otro boletín porque, por estar duplicado, el sistema informático no lo admitía. Reconoció también que comentó este extremo al director general, del que no recibió orden alguna al respecto.

Responsabilidad política

Al final de la mañana, el abogado Miguel Vázquez González se mostraba convencido de que, de lo actuado, no se desprende la existencia de hechos que puedan ser constitutivos de infracción penal. Por el contrario, entiende que sí hay hechos que darán lugar a responsabilidades políticas importantes, por situaciones que se produjeron a partir de que el agente Antonio Balea dejó de ser el responsable de la oficina de denuncias de la Policía Local. Se ha visto -opinó- que el brigada Bargueiras (declaró el jueves y dijo entre otras cosas que no sabía qué firmaba) no se encargaba de la instrucción de los expedientes, tarea que corría a cargo de Carreira (el auxiliar administrativo que declaró ayer), que no es funcionario y carecía de formación específica.

El letrado Miguel Vázquez González resaltó que Carreira reconoció que sus superiores inmediatos son el director general de la Policía Local y el concejal delegado. De la representación legal de Carreira se encargó el abogado Francisco Fernández Montes.