Los vecinos de un edificio del centro de Sarria llevan desde 1997 con la amenaza de que se cumpla una sentencia de demolición por no ajustarse la obra a la licencia
04 mar 2010 . Actualizado a las 02:00 h.Los 24 vecinos del edificio número 70 de Calvo Sotelo y 58 de Matías López llevan 13 años bajo la amenaza de demolición.
El calvario de estos propietarios comenzó con la denuncia de un particular al que el Concello le otorgó la razón mediante un decreto publicado el 31 de marzo de 1997 por el alcalde Arturo Corral. El decreto especificaba literalmente que «el edificio no se ajusta a la licencia concedida, siendo contrario a la normativa urbanística en vigor por lo que hace referencia a la altura del bajo y mayor pendiente de la permitida en cubierta».
En ese decreto se requería al promotor para que ajustara la edificación a la licencia concedida en un plazo de dos meses con la advertencia de que si no lo hiciera acordarían las demoliciones pertinentes.
Unos meses después el denunciante solicitó que se ejecutara el decreto, a lo que respondieron desde el Concello que no podrían hacerlo hasta que no existiera una resolución judicial firme sobre el particular.
El tribunal contencioso administrativo mantuvo la decisión inicial dictaminada por el Concello y el nuevo alcalde, José Antonio García, firmó un decreto en 2003 en el que se ordenaba de nuevo la restitución de la legalidad urbanística. Un nuevo recurso del promotor ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dejó en suspenso el decreto. Por primera vez se mencionó la imposibilidad de cumplir la sentencia, solicitando a la justicia que fijara la indemnización sustitutoria que proceda.
El TSXG mantuvo el mismo fallo y el caso llegó al Tribunal Supremo, cuyos magistrados tampoco cambiaron el dictamen.
El denunciante volvió a exigir la ejecución de la sentencia y denunció al Concello por considerar que no había cumplido con su cometido, acusación de la que los responsables municipales resultaron absueltos.
La vía judicial está por tanto agotada en este caso y por ello los vecinos están preocupados por la espada de Damocles que supone tener la posibilidad de que en cualquier momento se dé la orden definitiva de ejecución de la sentencia y las máquinas se personen en el lugar para proceder a la demolición.