Después de que la Guardia Civil apartara de su puesto al sargento de Friol, un hecho que algunos compañeros del agente atribuyen a presiones del alcalde de este municipio, Antonio Muíña, este ha salido al paso para matizar algunas aseveraciones.
En palabras del regidor «el sargento trató de realizar una denuncia urbanística de unas obras de restauración de la vivienda de los padres de la concejala y parlamentaria autonómica, Isabel García Pacín, encomendando la ejecución de dicha denuncia a dos guardias civiles del acuartelamiento de Friol. Estos comprobaron personalmente que las obras que se estaban realizando se ajustaban a la correspondiente licencia».
Sin embargo, continúa Muíña, «el sargento, empeñado en materializar dicha denuncia y a pesar de la advertencia de los guardias de que todo era correcto, elaboró él mismo la denuncia en la que se fundamenta en lo que él mismo denomina 'hechos constatados'. Y no solo eso, sino que el sargento ordenó, al menos a uno de los guardia civiles, concretamente a José Manuel, que firmase la denuncia elaborada por el propio sargento. Después de la lectura de la denuncia y al haber sido él uno de los guardias que realizó la inspección de la obras, José Manuel advirtió al sargento que él no podía firmar algo con lo que no estaba de acuerdo. Ante la advertencia del sargento de la gravedad de la desobediencia, el guardia civil pidió una entrevista con el capitán de Vilalba, Virgilio López Rico. Este le manifestó a José Manuel que si cree que es falso lo recogido en la denuncia del sargento, debe negarse a firmarla. Así lo hizo el guardia».
Los hechos no acaban aquí, sino que, siempre según la versión del alcalde, «el sargento denunció ante el capitán al guardia en cuestión por una falta grave al negarse a firmar la denuncia, pero al mismo tiempo el sargento en persona presentó la denuncia en el registro del Ayuntamiento de Friol. Dicha denuncia estaba firmada por el propio sargento y por tres guardias civiles, siendo uno de ellos José Manuel, el guardia que se negó a firmar la denuncia y de cuya negativa dio cuenta el sargento ante el capitán».
Posteriormente, y «sin que mediase denuncia ni actuación alguna por parte del alcalde ni del Ayuntamiento», tal como asegura Muíña, el capitán Virgilio López Rico le solicitó una entrevista, en la que puso de manifiesto que «el sargento, independientemente de la presunta falsedad en la redacción de la denuncia urbanística, había incurrido en un posible delito grave de falsedad documental al falsificar las firmas de los tres guardias que acompañaban a la suya en la denuncia presentada en el Ayuntamiento». Tras entrevistarse con el alcalde, «el capitán informó de los hechos al comandante jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Lugo e inició una amplia investigación interna».
Finalizada esta investigación, el capitán y el comandante jefe volvieron a reunirse con Muíña, confirmándole «la gravedad de los hechos» y anunciándole «que elevarán un informe interno por el conducto reglamentario y que con fecha de 19 de agosto presentaron los hechos ante el fiscal y al día siguiente ante el juzgado de guardia por considerarlos susceptibles de delito penal».
Muíña concluye reiterando que en ningún momento hubo iniciativa alguna por su parte, sino que fue la propia Guardia Civil la que realizó toda la investigación y la que acabó apartando del cuerpo al sargento, a la vez que puso los hechos en conocimiento del fiscal y del juez. El regidor niega también cualquier relación entre la denuncia cursada por el sargento y la paralización de unas obras en el cuartel de la Guardia Civil.