La Diputación pretende reducir casi a un tercio el período que tardaba hasta el año pasado en efectuar los pagos a proveedores y a empresa suministradoras. La actual legislación española establece un plazo máximo de 60 días, sin embargo un estudio realizado en el mes de septiembre del año pasado demostró que la demora media en esta institución era de 88 días. A raíz de ahí ya fueron aplicadas medidas correctoras y en un nuevo muestreo realizado en los meses pasados de marzo y abril, ya se había producido una reducción drástica y la media de demora en los pagos se situaba en los 43 días.
Según señaló el portavoz socialista, Antonio Gato, la institución está siguiendo las directrices de la Unión Europea de acortar más los plazos. Dijo que muchas empresas lucenses están teniendo problemas por el porcentaje que está alcanzando la morosidad. En este sentido, las proveedoras de la institución provincial resultarán beneficiadas por la decisión.
En esa línea, la diputada responsable del área de Economía e Facenda, Regina Polín, remitió una circular con instrucciones en este sentido destinadas a todos los departamentos. Recuerda que la medida está en sintonía con otras similares adoptadas por distintos organismos de la Administración con el fin de aumentar la liquidez de las empresas y autónomos. «Esta Deputación é unha institución saneada, polo tanto si se paga tarde non é por falla de liquidez, senón polos trámites administrativos, que si ben son necesarios para garantir o destino dos fondos públicos, deben axilizarse ao máximo para que á súa vez sexan eficaces e permitan obter unha mellora nos prezos ofertados», señala la diputada en el documento que distribuyó.
Entre departamentos
De los 88 días de demora hasta septiembre del año pasado, 45,47 transcurrían desde que entraba en el Registro General la factura hasta que el correspondiente servicio la enviaba conformada a la Intervención para proseguir los trámites. En febrero último el plazo medio había bajado a 58,7 días, de los que 8,13 se correspondían con la tardanza de la conformidad del servicio. En abril la demora ya se redujo a 43,61 días y a 11,7, respectivamente. Según aclara Polín, en estos muestreos quedaron excluidas las facturas a validar porque el procedimiento que las regula es más largo.