Los dueños usan las trancas para reducir la movilidad y controlar mejor a las reses
Decenas de caballos y potros salvajes soportan los cepos de madera que sus dueños les colocan en las patas para reducir así su movilidad y facilitar su control. Una vecina de Mondoñedo denunció hace tiempo varios casos de «maltrato animal» en montes de Campo do Oso y Lindín, en el municipio mindoniense, ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona). Luisa Trigo asegura que los agentes realizaron fotografías de los animales afectados y entregaron un detallado informe a la Consellería de Medio Rural.
La denunciante lamenta que tanto el departamento autonómico como la Fiscalía «sigan permitiendo que esto ocurra». «Las denuncias mueren en la Consellería de Medio Rural, alegando que no encuentran a los dueños, maltratadores, ya que los paisanos se tapan entre ellos», asegura. A Trigo le sorprende que los propietarios no reconozcan a sus caballos. «Si es así, ¿qué pasa en las rapas?», se pregunta. Y también critica el uso del hierro candente para marcar las reses en este tipo de citas festivas, en lugar de colocarles un microchip, como ocurre con otras especies.
Los titulares de los caballos justifican la colocación de trancas en las patas que, según indica la denunciante, llegan a alcanzar el metro y medio de longitud, porque esto les permite controlar a las yeguas preñadas en el momento de parir y hacerse así cargo de la cría. Argumentan, además, que con esta medida evitan que los animales destrocen plantaciones forestales o zonas de cultivo lo que, recalca Trigo, «les obligaría a hacerse cargo de los daños ocasionados». Estas horquillas de madera con clavos, que producen heridas en las patas de los animales, les impiden correr y, por lo tanto, facilitan su permanencia en una determinada zona.
«Tortura animal»
Trigo considera que la colocación de cepos representa un caso claro de «tortura» a los animales, que puede entrañar «tres tipos de delito, en función del daño ocasionado. «El responsable -mantiene- puede incurrir en una falta administrativa, cuya tramitación corresponde a la Xunta, o un delito civil o penal, que competería a la Justicia». El problema no se circunscribe a Mondoñedo, sino que se extiende a cualquier monte de Galicia. Trigo apela a las autoridades y a la conciencia ciudadana para erradicar esta situación.
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