Los agentes del Concello asumirán en el futuro algunas funciones de policía judicial, por convenio FEMP-Interior

La Voz

LUGO

En el pasado mes de febrero, la Comisión Estatal de Seguridad Local aprobó un convenio específico que servirá de modelo para los que firmarán los ayuntamientos y el Ministerio del Interior para que las respectivas policías locales desempeñen algunas funciones de policía judicial. La citada comisión estatal la presiden el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, y el presidente de la FEMP, el socialista Pedro Castro. Fuentes vinculadas al gobierno lucense aseguran que existe voluntad de sumarse al citado convenio, si bien esta incorporación deberá ser paulatina y a partir del desarrollo de las previsiones de reestructuración del cuerpo municipal.

Las mismas fuentes señalan que las posibilidades de vincularse al citado convenio pasan por la aplicación de medidas de formación y de la contratación de agentes de movilidad, es decir, de personal que, sin tener la condición de policía, asuma tareas de ordenación del tráfico. Es un servicio que opera en varias ciudades españolas.

La reestructuración de la Policía Local -apuntan las fuentes aludidas- se planteó a tres años. Uno de los pilares será la formación de los agentes, incluso mediante la creación de un servicio que detecte las necesidades y organice los cursos.

La posibilidad de que los agentes municipales asuman algunas funciones de policía judicial será abordado en una reunión de la Junta Local de Seguridad.

Según informó la FEMP en su momento, los ayuntamientos podrán establecer el grado de participación de sus agentes en las funciones de policía judicial. Entre las misiones posibles, figuran, siempre según la indicada información, la investigación de hechos que constituyan una o varias infracciones penales. Se trata de aquellas que, en instancia policial, puedan ser consideradas como falta o delito menos grave. Entre ellas están las faltas penales, quebrantamientos de condena, órdenes de alejamiento y hurtos, entre otras, así como los delitos contra la seguridad del tráfico y las amenazas.

Las policías locales se integrarán en el Sistema Estatal de Bases de Datos Policiales.

Autorización

Según el acuerdo, para que una policía local pueda asumir competencias en materia de policía judicial deberá contar con la aprobación de la junta local de seguridad.

El hecho de que el acuerdo haya sido establecido entre el gobierno socialista y el también socialista presidente de la FEMP parece que puede empujar algunos cambios en la orientación de la Policía Local de Lugo. Los sucesivos gobiernos presididos por López Orozco han tendido a reducir la acción de los agentes municipales a materias de ordenación del tráfico y prevención en materia de seguridad. Las aludidas fuentes vinculadas al gobierno lucense insisten en que es posible compatibilizar polivalencia y especialización. La clave, señalan, está en la formación. Como ejemplo, reseñan que todos los agentes deben saber utilizar un alcoholímetro, aunque habitualmente no desempeñen una función que exija su manejo.

En el entorno del gobierno local se señala también que el citado acuerdo se produce en un momento en el que hay aspectos legales que precisan concretarse, tanto en la legislación nacional como en la autonómica.