El alcalde de Lugo, José López Orozco, anunció ayer que hoy se aprobará la apertura del expediente de expropiación de la antigua cárcel, cuya propiedad comparte el Concello de Lugo con otros siete ayuntamientos (O Corgo, Castroverde, Castro de Rei, Friol, Guntín, Outeiro de Rei y Pol) que formaban el antiguo partido judicial.
Orozco explicó que esta decisión, que ya se veía venir desde hace un par de meses, se ha tomado para facilitar la rehabilitación de la cárcel en un centro cultural y subrayó que la valoración económica del edificio, 1.550.614 euros, «no es arbitraria» sino que la han hecho los servicios oficiales de tasación.
A cada uno de los miembros del antiguo partido judicial les corresponde un porcentaje de esa valoración total, que se acordó en el momento en el que la cárcel dejó de funcionar como tal y en función de lo que puso cada uno en su creación. Lugo tiene 750 metros cuadrados de los 2.250 del total, que se han tasado en 464.055 euros.
De esta manera, faltan por expropiar 1.729 metros cuadrados, repartidos entre el resto de los ayuntamientos. El alcalde lucense ya expuso esta posibilidad a los otros alcaldes la pasada Navidad, puesto que la rehabilitación de la cárcel es uno de los pilares del proyecto Urban (fondos europeos para rehabilitar el casco histórico) y el alcalde sostiene que esa restauración es más sencilla si sólo hay un propietario. «É a mellor maneira de facer os traballos previstos e conservala no futuro como unha dotación cultural para todas e todos», señaló el alcalde de la capital.
A continuación, apuntó que la palabra expropiación no tiene por qué ser sinónimo de confrontación. «Non haberá enfrontamento pola nosa parte. Hai un prezo non posto arbitrariamente, senón posto por un taxador oficial, e poderá ser aceptado polos concellos», repitió poniendo como ejemplo la actitud del ayuntamiento ante el expediente de expropiación para construir el polígono industrial en As Gándaras.
Después del anuncio de expropiación, Orozco se puso en contacto con los otros alcaldes afectados para informarles de la apertura del expediente y tratar de llegar a un acuerdo. Si no, señaló, podrán presentar alegaciones como en cualquier otra expropiación y, en último caso, acudir a la justicia.