La comisión municipal que investiga a la interventora del Concello de Monforte, Mónica Legaspi, le imputará 18 infracciones laborales graves y muy graves. Los concejales que llevan a cabo las averiguaciones, pertenecientes a todos los grupos de la corporación, presentarán próximamente sus conclusiones para que el pleno de la corporación adopte una decisión en firme.
07 oct 2002 . Actualizado a las 07:00 h.La interventora podría ser sancionada con la suspensión de su cargo por un periodo de tres a seis años e incluso con la pérdida de categoría de funcionaria, si el pleno ratifica el expediente sancionador. El acuerdo que adopte la corporación deberá ser ratificado por el Ministerio de las Administraciones Públicas. Fuentes de la investigación señalaron que las infracciones atribuidas a la interventora son de tal gravedad que habrían justificado la separación cautelar del puesto de trabajo. El instructor renunció a tomar esta medida porque la comisión entiende que su cometido no es juzgar a la funcionaria, sino aportar hechos objetivos para que sea el pleno el que juzgue. De momento, la votación del expediente ha quedado fuera del orden del día de la sesión convocada para el próximo miércoles, en la que el alcalde, Nazario Pin, del PP, pondrá a prueba el respaldo de sus compañeros en el gobierno municipal, donde un sector discrepa abiertamente de su gestión. Pin informará al pleno de la decisión por la que asume las compencias de la comisión de gobierno y del nombramiento de su concejal de confianza, José Fernández Castro, como sustituto de Miguel Barredo en Facenda e Persoal. Barredo sonó como posible alternativa a Nazario Pin en una reunión de dirigentes del PP, después del tormentoso encuentro entre el presidente provincial del partido, José Manuel Barreiro, y los concejales de Monforte.