Los dueños aseguran que el Ayuntamiento les había dado vía libre
28 ago 2011 . Actualizado a las 06:00 h.Un matrimonio de emigrantes en Suiza ha tenido que derribar la bodega que habían construido a orillas del Miño en O Saviñao por orden de la Xunta. Los propietarios admiten que no tenían licencia, pero aseguran que si no la sacaron fue porque en el Ayuntamiento les dijeron que no hacía falta. Se trata de la primera demolición completa de un edificio ilegal de la que hay constancia en la Ribeira Sacra, a pesar de que en los últimos años ha proliferado la construcción de pequeñas edificaciones en numerosos lugares de cultivo en los que antes solo había bodegas de tipología tradicional.
La bodega demolida estaba en la parroquia de San Vitoiro, en la ladera situada encima de la aldea sumergida de Porto. Su propietario se llama José Rodríguez Díaz, natural de O Saviñao y trabajador emigrante desde hace 41 años en una localidad cercana a la ciudad suiza de Lausanne. Su mujer, Cesarina Martínez López, cuenta que la familia de José es originaria de esa aldea, que precisamente este verano ha vuelto a quedar al descubierto después de 48 años inundada. «Queríamola para o retiro do meu marido, porque en Porto nacera o seu papá e el tiña a ilusión de facer alí algo bonito».
Desde el 2007
La primer orden de derribo les llegó en el 2007, después de que al parecer un particular que tiene una propiedad al lado de la suya presentase una denuncia contra ellos. Durante cuatro años trataron de remover Roma con Santiago para evitar tener que tirarla. Contrataron a un abogado para que los defendiera, se entrevistaron con altos cargos de la Xunta... pero no consiguieron nada. Según ellos, las únicas razones esgrimidas por la dirección de Urbanismo de la Xunta para decretar la demolición son que la bodega no respetaba la distancia mínima de cinco metros con respecto a las edificaciones más cercanas y que estaba demasiado cerca del río.
Según sus dueños, habían ampliado una antigua viña de algo menos de 2.000 metros cuadrados adquiriendo una finca contigua de unos 5.000 metros y que estaba a monte. La bodega aprovechaba la inclinación del terreno y tenía un solo piso de altura. la superficie construida era de 42 metros cuadrados, tres menos del límite legal máximo establecido para este tipo de edificaciones.
La bodega estaba prácticamente terminada cuando el pasado mes de abril firmaron un documento en el que mostraban su voluntad de derribarla, visto que los recursos que presentaban no iban a ninguna parte. La demolición se llevó a cabo el pasado día 17. De la bodega solo queda una placa de cemento y una pequeña barbacoa.
El derribo lo pagaron ellos mismos ante la perspectiva de que la administración hiciese cumplir la orden con sus propios medios y después les pasase la factura. Ahora intentan que la Xunta o los tribunales los liberen de pagar los 17.000 euros de multa que también les impuso Urbanismo.
El matrimonio se siente víctima de una decisión arbitraria. No niegan que hubiesen alguna irregularidad, pero están convencidos de que en ningún caso podía ser tan grave como para acabar de una manera tan drástica. Pero sobre todo se preguntan por qué les ha pasado esto precisamente a ellos. «Todo o mundo fai o que fixemos nós, pero só a nós nos mandan tirar a adega», se lamenta Cesarina Martínez.