Lo único que por ahora se conoce del caso que ha llevado al secretario municipal de Monforte a declarar en el juzgado son las sospechas del impulsor de la denuncia. Jesús Pereira sostiene que el Ayuntamiento puede haber cometido diferentes irregularidades en la contratación de las empresas constructoras que se encargan de llevar a cabo los proyectos del segundo Plan E, que tienen que estar terminados antes de que termine este año.
El auto judicial del 30 de junio se refiere expresamente a que los hechos que se deducen de los escritos entregados por Pereira en la Fiscalía «presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito contra la administración pública». El auto admite también que en estos momentos no están determinadas la naturaleza de estos supuestos hechos delictivos ni la identidad de las personas que pueden resultar responsables, por lo que plantea la toma de declaración del secretario y una solicitud de información a la Seguridad Social sobre la empresa Opaga 003 y sus datos de alta de trabajadores en el 2009.
Los responsables de esta constructora ya han negado haber cometido ninguna irregularidad en la contratación de parados. Pereira sostiene que puede haberse cometido un empadronamiento ilegal de ciudadanos portugueses.