El empresario acusado declaró en la Audiencia que fue denunciado por los trabajadores afectados porque algún sindicato «les endulzó la boca». En algún momento de su intervención dijo que los trabajadores uruguayos «cobraban más de lo que merecían porque no sabían hacer nada». A mayores añadió: «si llego a saber que iba a pasar esto, no los quiero ni en foto».
J.L.M.P. dijo también, a preguntas del fiscal, que consideraba que los obreros uruguayos que contrató de palabra, no estaban mal pagados. En este sentido recordó que actualmente estábamos en un país mileurista y que él en 2006 ya pagaba salarios de 800 euros.
En otro momento de la declaración, el imputado dijo que trataba el sueldo y las horas de trabajo de palabra; sabía que no tenía papeles, pero advirtió que quedaban en presentárselos. También dijo que desconocía los problemas que podría acarrearle la contratación de los sin papeles. El fiscal le recordó que dos años antes lo multaron con 6.000 euros por tener un trabajador en situación ilegal y él contestó que lo desconocía porque sus papeles los llevaba una persona de confianza. También en 2005 tuvo otra denuncia aunque señaló que no lo recordaba.
Opinión
«Creo que me porté bastante bien con esta gente. No saqué ningún beneficio de ellos, sino perjuicios», matizó. El fiscal le preguntó cómo llevaba la contabilidad si no los tenía dados de alta y él respondió que no les pagaba lo mismo que a los nacionales porque no se podía comparar lo que sabían unos y otros. «cobraban entre 800 y 900 euros y por convenio les correspondían 950».