La recaudación ejecutiva de O Saviñao ingresaba porcentajes ínfimos del dinero pendiente de cobro. Faltan tantos documentos que Cuentas renuncia a acusar
17 ene 2010 . Actualizado a las 02:00 h.La falta de rigor en el control de los ingresos y gastos del Ayuntamiento de O Saviñao tiene ocupado al Tribunal de Cuentas en una investigación que se resolverá en los próximos meses. La instructora del caso trata de determinar si los responsables municipales son capaces de justificar gastos por valor de 80.000 euros que por ahora no parecen estar correctamente documentados. Sin embargo, en las cuentas municipales hay otro agujero mayor. Es el dinero que el servicio de recaudación ejecutiva del Ayuntamiento tenía que haber ingresado entre el 2001 y el 2005, y del que no hay noticia en los extractos bancarios municipales. Asciende a 173.805 euros y no aparecerá en el informe final del Tribunal de Cuentas. No porque se haya aclarado si se cobró o no y dónde está, sino simplemente porque la falta de documentación es tan clamorosa que ni siquiera hay base para delimitar responsabilidades contables. Otra cosa son las responsabilidades penales. El Ayuntamiento tendrá que decidir ahora si presenta una denuncia judicial contra la persona que se encargó de ese servicio entre 1980 y el 2008, como le solicitó formalmente el PSOE tras el pleno del viernes.
El acta de liquidación provisional elaborada por el Tribunal de Cuentas el pasado 20 de octubre hace recuento de todas las cantidades gastadas durante los años 2002 y 2003, el período investigado exhaustivamente por el Consello de Contas, y que estaban pendientes de justificar. El documento se detiene partida por partida, analiza las razones esgrimidas por el Ayuntamiento y valora si son argumentos suficientes o no para dar por bien hecho cada uno de esos pagos.
En el acta ocupa un lugar destacado el análisis de la actuación del recaudador, un vecino de Lugo que al parecer ya trabajaba para la empresa gestora que el Ayuntamiento de O???????????Saviñao contrató en 1970 para que se encargase de cobrar los recibos del impuesto de vehículos que los contribuyentes no pagaban en el período voluntario. Cuando el propietario de esa empresa falleció, el agente ejecutivo auxiliar de esa firma al que le habían encomendado el trabajo de O Saviñao siguió realizándolo.
Prácticas sorprendentes
Entre su debut en solitario en 1980 y la llegada de una nueva interventora al Ayuntamiento en el 2002, nadie en O Saviñao parece haber intentado acabar con unas prácticas de cobro que el acta de liquidación describe en términos sorprendentes. Este es un resumen.
El recaudador recibía de la tesorería municipal unos listados con los contribuyentes que no habían cumplido con su obligación dentro del plazo voluntario, pero no hay constancia de que el saldo pendiente de cobro que se deducía de esa lista fuese aprobado nunca por ningún órgano municipal. El recaudador cobraba en efectivo y dentro de las dependencias municipales, pero no se sabe qué porcentaje de recargo aplicaba, «ya que de la documentación aportada -dice el Tribunal de Cuentas- se desprende que éste variaba aleatoriamente». En 1990, el Ayuntamiento abrió una cuenta para que el recaudador hiciese los ingresos que fuese consiguiendo y él hacía uso de ella «ocasionalmente».
La corporación decidió delegar en el 2007 el cobro de este impuesto en la Diputación de Lugo, pero el recaudador siguió trabajando con los recibos pendientes de cobro hasta ese momento. En mayo del 2008, el servicio de intervención propuso su cese inmediato y al mes siguiente el alcalde le hizo caso y le pidió al recaudador que entregase sus cuentas para hacer liquidación.
Cobro aleatorio
La interventora se encontró por todo soporte documental con dos libretas en las que «no existía correlación en el orden de los recibos cobrados, ya que se cobraban aleatoriamente sin atender al año al que pertenecían y sin que hubiera un listado detallado de los recibos impagados con el saldo a favor del Ayuntamiento».
Para tratar de reconstruir las cuentas y averiguar cuánto dinero había quedado sin cobrar, al menos en los últimos años, la intervención municipal utilizó como base los listados que la tesorería le entregaba al recaudador. Al cotejarlos con lo que las dos libretas decían que se había cobrado, salieron diferencias espectaculares. Por ejemplo, en el año 2001 el importe de impagados según el padrón municipal era de 18.232,66 euros. Lo que el recaudador había conseguir ingresar ascendía a 212,04 euros.
El dinero que el recaudador declaraba haber cobrado en los cinco ejercicios que van entre el 2001 y el 2005 ascendía a 17.069 euros. Pero es que además, esta última cantidad no aparece en los extractos bancarios incorporados por el servicio municipal de intervención a la investigación del Tribunal de Cuentas. Los 173.805 euros de esta parte del agujero contable municipal son lo que el recaudador debía haber cobrado durante esos cinco años y no consta como ingresado.