Les atribuyen infidelidad en la custodia de documentos relacionados con las dietas de Andina Son ya tres las personas implicadas en relación con la investigación a la que fue sometido el vicepresidente primero
19 mar 2004 . Actualizado a las 06:00 h.?a herida provocada por el caso Andina en la Diputación Provincial de Lugo parece estar lejos de suturar. Dos de los cargos más destacados del organismo que preside Francisco Cacharro, el secretario y el interventor figuran imputados judicialmente y en esa condición tendrán que prestar declaración ante el fiscal y el juez. Faustino Martínez, el secretario y José Ferreiro, el interventor, pasan a engrosar la lista de las personas implicadas como consecuencia de las investigaciones a las que fue sometido José Carlos Rodríguez Andina, el vicepresidente primero, que también está imputado, aunque su caso forma parte de un único expediente judicial. Al secretario y al interventor les imputan una presunta infidelidad en la custodia de documentos, delito contemplado en el artículo 413 del Código Penal actualmente en vigor. Además, también les sería atribuida desobediencia, de acuerdo con algunas fuentes. Frenaron la investigación La imputación a ambos funcionarios de la Diputación está relacionada con la investigación encargada en su momento por la fiscalía lucense en relación con el cobro de dietas, de forma presuntamente irregular, por parte del vicepresidente primero. Supuestamente, tanto el secretario como el interventor habrían puesto trabas para facilitar toda la documentación que les fue solicitada en su momento. En la misma situación se encuentra la jefa de servicio María del Carmen Mato Luaces, la cual ya fue imputada por el mismo motivo a finales del pasado mes de enero. Esta trabajadora era, al parecer, la encargada, de controlar -entre otras cuestiones- la agenda de José Carlos Rodríguez Andina y, presuntamente, se negó a aportar los datos que le fueron requeridos en su momento por parte de las personas encargadas del caso. El Código Penal, en su apartado 413, destaca que la «autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere u ocultare, total o parcialmente, documentos incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años, multa de siete a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años. Con anterioridad, además del propio José Carlos Rodríguez Andina y la jefa de servicio, también prestaron declaración ante uno de los jueces lucenses en relación con los hipotéticos cobros irregulares de dietas otros dos vicepresidentes de la Diputación, Antonio Muiña Pena, alcalde de Friol, y Julio Álvarez, regidor de Quiroga.