La Audiencia Nacional estudia la posible ilegalización de AMI, el vivero de Resistencia Galega
GALICIA
El juez encarceló a cuatro de los detenidos en la operación antiterrorista
06 dic 2011 . Actualizado a las 06:00 h.La operación antiterrorista desarrollada la semana pasada en Galicia podría tener consecuencias muy negativas para el movimiento radical gallego. Las detenciones efectuadas por los policías de la Comisaría General de Información permitieron confiscar abundante documentación, y si su análisis aporta elementos de prueba suficientes, la Audiencia Nacional podría incoar en breve un procedimiento para ilegalizar la Assemblea da Mocidade Independentista (AMI), la organización a la que están vinculados directamente dos de los detenidos, e indirectamente el resto.
«Se hará cuando tengamos los elementos que nos permitan acreditar que esa organización es el vivero de Resistencia Galega», precisaron ayer fuentes judiciales consultadas por La Voz, que reconocieron que no existe un criterio unánime al respecto. No es la primera vez que se plantea la cuestión, y aunque hay pocas dudas sobre las afinidades entre ambas organizaciones, las divergencias surgen a la hora de valorar las consecuencias prácticas de una medida judicial de este tipo. Unos sostienen que envalentonaría a sus miembros, mientras que otros opinan que podría suponer la puntilla final de un grupúsculo minoritario y sin respaldo social de ningún tipo.
Cuatro de los seis detenidos en Galicia ingresaron ayer mismo en la cárcel. Son Eduardo Vigo Domínguez, de 26 años, detenido en el peaje de Padrón con tres artefactos explosivos en el coche; Roberto Rodríguez Fiallega, Teto, de 33, en cuyo piso de Vigo se encontró una potente bomba preparada para ser activada; y Antón Santos Pérez, de 32, profesor universitario, y su compañera, María Osorio López, de 25, ambos arrestados el sábado en Lugo. Jessica Rodríguez, de 26 años, quedó libre con cargos. Ya no llegó al juzgado Catalina Alonso, de 34 años, liberada por la policía el sábado.
Los detenidos se negaron a declarar en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Solo contestaron a cuestiones que pudieran ser exculpatorias para Catalina Alonso y Jessica Rodríguez.
Eso no impidió que el fiscal Marcelo Azcárraga, coordinador de las investigaciones sobre los radicales gallegos, le imputase a Jessica Rodríguez los presuntos delitos de integración en organización terrorista, falsificación de documentos, tenencia de explosivos y estragos en grado de tentativa. Tiene además la obligación de comparecer mensualmente ante el juzgado más próximo a su domicilio.
A la pareja formada por Antón Santos Pérez y María Osorio López, detenidos en Lugo, solo se les imputan los dos primeros delitos citados.