Un objetivo es evitar que mutualistas acudan de forma irregular al Sergas
10 nov 2011 . Actualizado a las 06:00 h.El Sergas defendió ayer su medida para cobrar a aquellos usuarios que hagan un uso irresponsable del sistema sanitario, que sindicatos, oposición y otros colectivos tildan de copago. La secretaria xeral de Sanidade, Sagrario Pérez Castellanos, insistió en el Parlamento en que «poñeremos as cousas difíciles a quen use mecanismos irregulares ou quen trate de aproveitarse do sistema sen dereitos», con el objetivo de «blindar a solvencia dunha asistencia sanitaria pública universal e gratuíta».
La Administración sanitaria ha puesto el ojo en varios de los usos fraudulentos detectados. Uno es el de los mutualistas que pueden elegir entre un seguro privado o público, se decantan por el privado pero siguen utilizando los servicios públicos. Otro es el de los trabajadores activos que utilizan tarjetas sanitarias de un jubilado para obtener medicamentos gratuitos; y finalmente el Sergas pretende cobrar a aquellos extranjeros con recursos que aprovechan su estancia en la comunidad para operarse de forma gratuita alegando que no tienen recursos.
Otra de las posibilidades que recoge la norma, cobrar a aquellos usuarios que no acudan a un servicio programado previamente -por ejemplo, que no vayan a la cita con el especialista-, no es la prioridad de los responsables sanitarios.
La norma de la polémica es el decreto de tarifas sanitarias, en el que por primera vez se recoge que podrá cobrarse el gasto ocasionado por un usuario que hace un uso irresponsable del sistema, aunque desde el Sergas señalan que ahora deberá desarrollarse una orden o resolución que detalle el procedimiento por el que se hará este cobro y las causas.
Siete mil fraudes
Hace unos meses se dieron a conocer los datos de mutualistas que habiendo elegido un seguro privado hicieron uso de los servicios del Sergas durante ese tiempo, unos 7.000, lo que anualmente supondría una aportación de 1,2 millones de euros al año a las arcas públicas.
El debate sobre esta nueva medida llegó ayer a la Cámara gallega, en donde los socialistas criticaron la aplicación de un copago sanitario. La parlamentaria Carmen Acuña preguntó a la Xunta «quen vai ser o xuíz que vai decidir o mal uso da sanidade pública de Galicia», y lamentó que se niegue asistencia sanitaria a los inmigrantes.
También la nacionalista Ana Luísa Bouza arremetió contra la medida y con la falta de transparencia de la Consellería de Sanidade. Bouza apunta que la Lei de Saúde aprobada por el bipartito no recoge el cobro a los usuarios que no hagan un buen uso del sistema, sino simplemente recuerda cuáles son los deberes de los ciudadanos. El hecho de establecer un cobro es, recuerda Bouza, una novedad que acaba de introducir la Xunta.
Finalmente, la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública lamenta que se restrinja la atención sanitaria, que se recorten derechos de los ciudadanos o que se exija, por ejemplo, seis meses de empadronamiento en un concello para acceder a la sanidad pública o para ser operado.