El líder de la trama de las ayudas pidió 13 millones del Plan Ferrol

María Hermida
maría hermida RIBEIRA / LA VOZ

GALICIA

Fracasó en su intento de lograr fondos a través de 4 empresas fantasmas

09 nov 2011 . Actualizado a las 06:00 h.

Si el empresario de A Pobra Alejandro Manuel Dávila Ouviña se tomó la molestia de desplazarse a Andalucía para conseguir subvenciones para proyectos que nunca vieron la luz y cuyos fondos, supuestamente, fueron desviados, cabe pensar que también probó suerte en su tierra. Hasta ahora se sabía que en su municipio estuvo intentando, sin éxito alguno, conseguir dinero de las Administraciones. Pero ayer se hizo público que este hombre presentó varias iniciativas en el Plan Ferrol, un proyecto que incluye ayudas a los empresarios para reindustrializar una zona muy castigada por el desempleo. Prometía una inversión de 25 millones de euros, de los cuales unos 13 saldrían de subvenciones. Se trata de créditos a largo plazo y con condiciones muy flexibles pero, teniendo en cuenta su trayectoria, lo más probable es que si le hubiesen dado ese dinero jamás lo hubiese devuelto.

Dávila Ouviña era el responsable de cuatro proyectos que intentaron conseguir ayudas del plan Ferrol. Dado que la trama estaba muy bien montada, se trataba de empresas de sectores muy en boga y que pueden resultar atractivos para quien otorga las ayudas. Es decir, de energías renovables, tecnología o incluso acuicultura. Sin embargo, que presentase cuatro iniciativas con nombres rimbombantes y con inversiones tan cuantiosas no le valió para obtener dinero público en Ferrolterra. Al parecer, cuando se baremaron sus solicitudes saltó a la luz rápidamente la dudosa capacidad económica de este hombre.

Tampoco se vieron con buenos ojos -las ayudas las conceden entre el Estado y la Xunta- las optimistas previsiones de Dávila ni la eficacia de los proyectos a la hora de crear empleo. Por tanto, se le descartó de la convocatoria del 2010, que fue a la que presentó sus iniciativas con los nombres de Biogás Energetic, Centro de Introducción de Especies, Tecniriamar y Tecnologías Marinas Aplicadas.

La parte andaluza del caso

Llegado a este punto, la pregunta es evidente: ¿cómo es posible que en Andalucía pudiesen conseguir unos 22 millones de euros en subvenciones -algunas fuentes apuntan a que fueron 25- sin que todas esas reticencias que les pusieron en Ferrol viesen la luz? La respuesta no está nada clara. De hecho, el PP de Cádiz presentó una denuncia ante la Fiscalía el pasado día 4 al creer que nombres vinculados a la Junta andaluza pudieron cometer algún hecho delictivo. Concretamente, piden que se abran las diligencias oportunas para que se investigue «a las personas que presumiblemente hayan podido cometer algún hecho delictivo, bien constitutivo de fraude de subvenciones públicas, bien de malversación de caudales públicos, bien de prevaricación o cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos o falsedades documentales derivadas de los hechos denunciados».

¿Qué versión da el PP gaditano? Para empezar, habla de diez proyectos para los que Ouviña consiguió 25 millones de euros en subvenciones. Señalan que todas estas iniciativas fueron objeto de un informe específico sobre los promotores en los que se advertía que dichos proyectos «suponen un riesgo en cuanto a la capacidad de inversión». Es decir, que, siempre según la versión del PP, había sospechas claras de este entramado de proyectos.

Siguiendo con la versión de los populares gaditanos, tras ver este informe y la baremación de la comisión de seguimiento de las subvenciones para la bahía de Cádiz -un paquete de ayudas similar al plan Ferrol, que también busca reindustrializar la zona para generar empleo-, el director de la oficina de ese plan pidió que se cambiasen los criterios de puntuación y que se «favoreciesen los proyectos de Ouviña». El hombre en cuestión se apartó del cargo cuando empezó a hacerse notorio que había algo turbio.

En bares de pueblo

La cuestión es que, tal y como cuenta el PP, enseguida se supo que se le había dado una jugosa partida de dinero a Ouviña y que este empresario había presentado documentación económica falsa. Asimismo, según el PP, «se vio que los domicilios de las empresas eran meros bares de pueblo sin vinculación alguna con los proyectos empresariales para los que se habían concedido las subvenciones y que ni tan siquiera habían iniciado actividad alguna ni se esperaba que lo hiciesen».

De momento, todas las diligencias están en manos del Juzgado de Instrucción Número 4 de Cádiz, pero puede que la magnitud de la trama fraudulenta obligue a trasladar el caso hasta la capital andaluza.