Manuel Bouzas Barbazán, una persona muy conocida porque fue durante muchos años secretario general en Galicia y en España de la Federación de Productores Lácteos (Feplac), alegó que actuó bajo los efectos de la depresión.
27 oct 2011 . Actualizado a las 06:00 h.El acusado de extorsionar a una quincena de empresarios en el 2008 fingiendo ser miembro de la banda terrorista ETA admitió todos los hechos en el juicio que se inició ayer en la Audiencia de Santiago. Manuel Bouzas Barbazán, una persona muy conocida porque fue durante muchos años secretario general en Galicia y en España de la Federación de Productores Lácteos (Feplac), alegó que actuó bajo los efectos de la depresión, el estrés y la ansiedad tras haber sido despedido de la Feplac y fruto de una crisis personal que lo llevó a enfrentarse con sus padres y hermanos y a estar a punto de divorciarse de su mujer. «Ni yo mismo sé por qué lo hice», declaró el acusado, antes de romper a llorar y de admitir que «hoy sé que lo que hice está muy mal, pero en aquellos momentos no era consciente».
Los empresarios a los que Bouzas envió las cartas haciéndose pasar por miembro de ETA y exigiendo el pago del impuesto revolucionario testificaron ayer. Entre ellos, firmas tan conocidas como Hipercor, Carrefour, Alcampo, el Hotel San Francisco y concesionarios de automóviles como Brea Hervés, Talleres Caeiro, APV Motor y Auto Continental.
Todos relataron la misma historia. Que recibieron cartas reclamando cantidades que oscilan entre los 50.000 y los 100.000 euros, que acudieron a la policía, que no pagaron nada y que, aunque la mayoría no creyeron que se trataba de ETA, pasaron miedo. El testimonio más crudo fue el del representante de APV Motor, quien contó que estuvo muchas noches sin dormir cuando, ya por teléfono, el acusado -que decía llamarse Asier- le dijo que tenían controlados los movimientos de su familia.
Fue precisamente esta empresa la que fue determinante en la detención de Bouzas. Los policías que testificaron en el juicio explicaron cómo fue el dispositivo de detención que llevó a capturar con las manos en la masa al acusado mientras llamaba a APV Motor para extorsionarlo.
El fiscal le pide un año y nueve meses por cada uno de los quince delitos, mientras que la acusación particular reclama tres años de prisión.