Los cierres de la fábrica siempre acaban rotos, pese a que la Xunta anuló la licencia y el TSXG ordenó parar su actividad
06 ago 2011 . Actualizado a las 06:00 h.José Manuel Crespo lleva veintiún años luchando contra una cementera que construyeron al lado de su casa. Los tribunales dieron la razón a este vecino de Redondela, que se queja del ruido y el polvo que provoca la empresa, pero ha visto cómo se incumplen reiteradamente las órdenes de cierre. Ayer fue testigo del duodécimo precintado que practicaron la Policía Local y técnicos municipales. Las instalaciones de la fábrica de hormigón, situada en la parroquia de Vilar de Infesta, cerca del aeropuerto de Peinador, están clausuradas por sentencia judicial y la licencia de actividad fue anulada.
Según el denunciante, José Manuel Crespo, un día antes del nuevo precinto la fábrica estaba funcionado parcialmente. «Aunque tenía las puertas cerradas las abría para que entrasen los camiones proveedores, que hicieron mucho ruido a lo largo de todo el día. El estruendo de los vehículos descargando cemento podía alcanzar los 90 decibelios», aseguró.
Ayer la policía precintó un silo de cemento, un pequeño almacén y una cinta transportadora. «Seguramente dentro de unos días aparezcan rotos los precintos como ha ocurrido las veces anteriores», indicaron fuentes policiales. Las denuncias contra la cementera parten de Crespo, que construyó su casa en la zona en 1979. Diez años después en la finca colindante levantaron la fábrica de hormigón que entonces se llamaba Hormigones Vigo y hoy pertenece al grupo JCA.
En los dos últimos años la fábrica ha registrado un gran movimiento diario de camiones puesto que suministra hormigón para las obras del AVE gallego. El trasiego suele provocar una enorme polvareda de cemento que afecta al colegio de Porto Cabeiro, situado a apenas 200 metros de la fábrica. Durante el curso tenían las ventanas cerradas por las mañanas para evitar problemas respiratorios entre alumnos y profesores.
La empresa, que no ha querido dar su versión de los hechos, ha recurrido ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia la sentencia que le obliga a mantener la actividad paralizada. El afectado lleva ya una veintena de denuncias.