Están acusados de intentar influir en la adjudicación de contratos
01 jun 2011 . Actualizado a las 06:00 h.El Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña imputa a dos jefes de servicio de Sogama y al representante de Danigal en A Coruña un delito de tráfico de influencias porque supuestamente intentaron intervenir en varios procesos de contratación de Sogama. La investigación partió como una pieza separada del sumario abierto a mediados del mes de octubre del 2008 tras la mortandad de millares de truchas ocurrida en el río Lengüelle, en Cerceda.
El fiscal de Medio Ambiente, Álvaro García Ortiz, advirtió las presuntas conductas irregulares en la actuación de algunos empleados de Sogama, por lo que se abrió un nuevo caso y el juzgado autorizó la realización de escuchas telefónicas a los supuestos implicados entre el mes de septiembre y el 20 de diciembre del pasado año.
Los imputados son Ángel Javier Costal Vázquez, jefe de transferencia y transporte de la Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama); Ramón Pérez Mariño, jefe del área técnica de la empresa pública, y el delegado en A Coruña de Danigal, José Perfecto Cabanelas Covelo. Las escuchas han llevado al instructor a considerar que podría haber conductas irregulares por el intento de intervenir en tres procesos de contratación de Sogama. Uno de ellos sería el relativo a la adjudicación del mantenimiento de las depuradoras del complejo medioambiental de Cerceda. Sin embargo, el contrato se lo llevó la ute Hera Tratesa-Amasa, por 1,9 millones, y no Danigal.
Otro de los expedientes que analiza el juzgado es el relativo al contrato de mantenimiento, tratamiento y elaboración de combustible (conocido como la planta de PRT). La adjudicación se llevó a cabo en el pasado mes de noviembre y la beneficiaria fue la ute Geseco-Viviendas y Obras Civiles, por la cantidad de 46 millones de euros.
Venta de aluminio
El tercero que analizan los instructores es el relativo a la venta de aluminio que se recupera mecánicamente en la planta de clasificación del complejo de Cerceda. La compañía contratada fue la lucense Chatarrería Blanco Souto, por unos 800.000 euros en dos años. Tampoco en este caso Danigal resultó beneficiada en el concurso.
Otro de los asuntos que aparece en las conversaciones es el relativo al conflicto mantenido por Sogama y Danigal por los gastos que esta última empresa realizó y que consideraba que correspondían a la sociedad medioambiental. Las diferencias se saldaron en diciembre pasado con un laudo arbitral por el que la compañía pública tuvo que pagar casi 2,7 millones a Danigal.