El estudio realizado por la Xunta es solo uno más de los muchos que se están gestando en España para tratar de arrojar luz sobre la principal cuestión que el Gobierno central dejó sin resolver cuando decidió, de imprevisto y sin una consulta real con las comunidades, rebajar a 110 kilómetros por hora la velocidad máxima en autovías y autopistas: qué repercusión tendrá esa medida sobre la economía. El Ejecutivo enmarcó la limitación dentro de una batería de iniciativas con las que pretende rebajar la factura energética española en 2.300 millones al año.
En su respuesta a una carta que remitió a las comunidades la directora del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, Anna Ferrer, la Xunta rechazó la medida y solicitó al Gobierno que aportara estudios para acreditar la eficacia de la limitación, ante la convicción de que el efecto sobre el consumo de combustible sería mínimo. En la misiva, enviada una semana antes de la entrada en vigor del decreto, el Ejecutivo dio a las comunidades 24 horas para formular consideraciones.
23.000 euros en adaptar señales
En vista de los resultados de su estudio, la Xunta se reafirma en su impresión de que la decisión de rebajar el límite de velocidad carece de fundamento práctico. «Estamos ante unha medida improvisada e deseñada dende unha perspectiva puramente mediática», opina el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández. A falta de contrastar con datos reales lo que por ahora son solo estimaciones, la primera factura que ha dejado la medida para las arcas autonómicas suma 23.000 euros por la adaptación realizada en 211 señales que jalonan 233 kilómetros de vías alta capacidad de la Xunta. Lo que no mide el estudio es la posible repercusión en forma de sanciones. No afectan a la economía del país, pero sí al bolsillo del ciudadano.