El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, anunció que remitirá el auto del TSXG en el que se recoge que no hay causa legal para paralizar el listado priorizado de medicamentos al Gobierno central para que no solicite al Constitucional la suspensión del mismo.
Feijoo se refirió al apartado en el que el fallo del tribunal gallego asegura que suspender la medida sería «alarmante para la Administración ya que comportaría la privación del ahorro para las arcas públicas y, por ende, la ausencia de su reinversión o reutilización en el ámbito de la salud» como un ejemplo de la validez del catálogo. Así, Feijoo instó a Madrid a que «se para o TSXG, que é o máximo órgano xurisdicional na comunidade, non procede a suspensión do catálogo, non entendería que o Goberno de España nos denuncie por algo que o TSXG acaba de confirmar que non merece nin ser suspendido».
El jefe del Ejecutivo gallego agradeció el respaldo legal y afirmó que no se trata ya solo de la opinión de un Gobierno autónomo, sino de la del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. De ahí que ayer mismo solicitasen al Ministerio de Sanidad que no pida la paralización del catálogo, «senón que deixe substanciar ese pleito a través dos órganos xurisdicionais ordinarios e así veremos se a Xustiza lle dá a razón á comunidade, ou lles dá a razón aos laboratorios e a determinadas empresas farmacéuticas, ou aos colexios de farmacia que o recorren».
Diálogo
Tras conocer el auto del tribunal gallego, Feijoo insistió en el diálogo frente al Gobierno central, al que el presidente de la Xunta acusó de preferir un recurso. De hecho, el jefe del Ejecutivo autónomo aseguró que la medida gallega debería extenderse al resto de las comunidades, ya que «ou se está en contra dos xenéricos ou cos xenéricos». Feijoo apostó por que decidan los tribunales, pero sin suspender un catálogo «que pon en risco millóns de euros dos galegos e a posibilidade de financiar infraestruturas hospitalarias e centros de saúde que son claves».
Madrid seguirá adelante
El Ministerio de Sanidad dejó claro ya que su proceso ante el Tribunal Constitucional sigue adelante, tras la decisión tomada por el Consejo de Ministros y el informe del Consejo de Estado en el que se recoge que hay una invasión de las competencias estatales sobre la financiación y dispensación de medicamentos.