Unos 35.000 gallegos expropiados litigaron en los últimos 5 años con la Administración

Unos 35.000 gallegos a los que se les ha expropiado algún tipo de bien en los últimos cinco años han entrado «en conflicto» con la entidad expropiante. «Al principio no lo creí, pensé que era uno de esos proyectos que, al final, se quedan en nada. Pero cuando me llegó la notificación de la Xunta...». Se lo creyó, pero no lo acepta, dice Ana Montserrat Pintos. Según el desdoblamiento previsto de la PO-542, le tirarán su casa de Marcón (Pontevedra) y ocuparán también gran parte de su terreno.

Cuando la Administración (estatal, autonómica o local) expropia, se da por hecho que lo hace para algo que redundará en utilidad para toda la sociedad, por tanto, en progreso. Con tal fin se encuentra, pues, con particulares, y con los bienes o derechos de estos. A cambio de que se desprendan de ellos, se fija un precio en concepto de indemnización. Así, vista la necesidad de expropiar, se origina el correspondiente expediente. Puede existir un acuerdo de precio entre particular y Administración, pero cuando no lo hay, esos expedientes van a los llamados jurados de expropiación forzosa: «Órganos colegiados especializados en la fijación de justiprecios en vía administrativa, cuyos acuerdos -si tampoco son aceptados por el particular- pueden ser objeto de recurso de reposición en vía administrativa o de recurso contencioso-administrativo en vía judicial», explica Manuel González Sarria, presidente del Xurado de Expropiación de Galicia, creado el 14 de febrero del 2006. A este órgano van a parar los expedientes originados por expropiaciones de la Administración autonómica o local, mientras que, para las expropiaciones del Estado, existen en Galicia los correspondientes cuatro jurados provinciales.

Según los datos facilitados por esos órganos, considerando los expedientes de entrada en ellos desde el 2006 y usando el pertinente método para aproximarse al número de particulares, algo más de 35.000 gallegos litigaron con la Administración correspondiente por este motivo.

Avances y daño

«Non nos imos opoñer a que o mundo xire, pero aquí estase facendo un dano gratuíto», dice José Benito Fernández, portavoz de los vecinos afectados por el vial O Pino-Bora, algo menos de un kilómetro y medio que dará acceso al futuro hospital de Monte Carrasco (Pontevedra). «A ronda urbana acordada antes desta polas catro Administracións só afectaba a fincas, e agora óptase por unha que tira casas...». Detrás de esto, ven cuestiones políticas. «As comunicacións están ben, pero mátase a vida dos pobos», considera, para otro caso, Emilia V. Martínez, expropiada en Lugo. Muchos pasan por esta situación y, otros, se encuentran a día de hoy «atrapados» entre progreso.

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