Vetará la iniciativa socialista dirigida a transparentar la actividad política
22 ene 2011 . Actualizado a las 06:00 h.El PP gallego acogió ayer con un portazo la propuesta del Grupo Socialista dirigida a que los conselleiros y altos cargos de la Xunta, así como los diputados en la Cámara autónoma, hagan una declaración pública de sus bienes, rentas y patrimonios, iniciativa con la que el PSdeG se proponía testar hasta dónde llega realmente el compromiso del Gobierno de Feijoo con la transparencia. La primera reacción de los populares fue de rechazo, que además argumentaron enganchándose a unas declaraciones del socialista Méndez Romeu: «Xa hai información suficiente» sobre las retribuciones de los cargos políticos.
Los populares echaban así un jarro de agua fría a la posibilidad de regular por ley que el Diario Oficial de Galicia (DOG) publique periódicamente la declaración de bienes y actividades de los altos cargos. «O propio Méndez Romeu está corrixindo a proposta de Lage Tuñas ao afirmar que xa hai información suficiente», manifestaron fuentes del PPdeG, en alusión a unas declaraciones pronunciadas ayer por el diputado coruñés, en las que argumentaba que en la medida que todos los parlamentarios tienen «as mesmas asignacións» el salario entre unos diputados y otros es también similar.
Pero una cosa son los sueldos que en la mayoría de los casos son ya conocidos ?el acuerdo retributivo del Parlamento está publicado y los sueldos de los altos cargos de la Xunta figuran en los Presupostos?, y otra diferente es la declaración de actividades y patrimonio, que ya realizan algunas comunidades autónomas y el Gobierno central, y que permite medir mucho mejor la riqueza personal y el nivel de vida de la clase política.
En los planes de Feijoo no figura, sin embargo, promover alguna reforma legal en este sentido. «Ya existe un registro de declaración de bienes y de patrimonio», aseguran en Presidencia, que tienen que hacer todos los altos cargos y personal de gabinete cuando llegan a la Xunta. Esta declaración se maneja de forma restringida, es decir, no es accesible al ciudadano, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de la Administración del Estado y en algunas democracias muy maduras del continente europeo.
A la postre, desde la Xunta ponen en valor un estudio hecho por la oenegé Transparencia Internacional, según el cual Galicia es, junto a Andalucía, la segunda comunidad con mayor transparencia administrativa en lo que se refiere a la información urbanística y de contratos públicos, en buena medida por la aplicación de la Lei de Transparencia impulsada en el 2006 por el Ejecutivo de Touriño.
En lo que al Parlamento se refiere, las declaraciones de bienes son igual de restringidas. En la Cámara hay una comisión del estatuto del diputado, que curiosamente es la única que funciona con opacidad y sin permitir el acceso a los periodistas, encargándose de abordar cualquier alteración en la declaración en los bienes y actividades de los parlamentarios. Pero el ciudadano no tiene reconocido el derecho a conocer estas alteraciones patrimoniales.