Aumentan los casos de docentes gallegos que acuden al defensor del profesor por amenazas de los padres

Elisa Álvarez González
E. Álvarez SANTIAGO/LA VOZ.

GALICIA

De todas las llamadas recibidas, el 55% son de docentes de secundaria, y la mitad de los profesores que acuden a este servicio lo hacen en un estado de ansiedad.

24 nov 2010 . Actualizado a las 02:56 h.

La conflictividad en las aulas gallegas sigue siendo minoritaria, y así lo atestiguan los 733 expedientes disciplinarios aplicados a estudiantes durante el curso pasado, lo que supone un 0,26% del alumnado, aunque en secundaria la tasa sube casi hasta el 0,7%. No obstante, el defensor del profesor, un servicio de atención puesto en marcha por el sindicato ANPE en abril del 2006 para docentes que viven situaciones de conflictividad o violencia en las aulas, ha registrado durante ese curso -y solo hasta el mes de abril- casi doscientas llamadas.

Son menos que en el curso anterior, 14 en concreto, pero el presidente de este sindicato en Galicia, Julio Díaz, asegura que aunque se reducen en número aumentan las relacionadas con presiones, amenazas o acoso de los padres hacia los profesionales de la educación. De todas las llamadas recibidas, el 55% son de docentes de secundaria, y la mitad de los profesores que acuden a este servicio lo hacen en un estado de ansiedad.

Los motivos de las llamadas son heterogéneos y muchas veces confluyen las causas. Faltas de respeto, daños causados a propiedades, acoso y amenazas de los padres o problemas para dar clase son las más recurrentes, aunque también hay situaciones de conductas agresivas o directamente agresiones. Es llamativo que mientras los ataques de alumnos a docentes son prácticamente inexistentes, son más los de los progenitores hacia los profesores. En estos casos, los maestros acusan más la falta de respaldo por parte de la Administración que por parte de la dirección del centro.

ANPE reclama que se ponga en marcha en la comunidad gallega un servicio de asistencia jurídica y un seguro de defensa al profesorado que ya existe en otras autonomías. Además, Julio Díaz valoró la Ley de Convivencia e Participación que prevé presentar la Xunta en meses y que ANPE confía en que no siga los pasos de las leyes de Madrid o Valencia, sino que se incida en la formación, campañas de concienciación o en la inmediatez en las sanciones al alumno.

Expedientes

En cuanto a los expedientes disciplinarios al alumnado, destaca la diferencia por provincias, ya que Ourense duplica en tasa de sanciones al resto. Mientras en secundaria se cerraron en la provincia ourensana 1,2 expedientes por cada cien alumnos, en Lugo se limitaron a 0,53 y en A Coruña y Pontevedra no se llega al 0,7%.