Una serie de parches normativos que el Ejecutivo justifica en aras del empleo y la seguridad jurídica
GALICIA
Solo el marco que regula la función pública resiste la comparación en número de reformas con la ley más ambiciosa impulsada en Galicia en materia de urbanismo, la que promovió Xosé Cuíña en el 2002. La cadena de ajustes introducidos por los sucesivos Gobiernos han retratado el marco urbanístico como excesivamente riguroso para la caótica realidad del territorio. La gestión del Ejecutivo de Feijoo es otra evidencia en esa dirección.
Amparada en el aval de la Fegamp (federación de concellos y provincias), la Xunta planteó con la legislatura recién iniciada la cuarta revisión de la ley 9/2002. Además de posibilitar la regularización de 1.200 naves y de miles de viviendas levantadas sin licencia, la modificación, aprobada en abril, desbloquea la edificación entre viviendas dispersas en los núcleos rurales y facilita la realización de obras en un centenar de aldeas situadas en espacios naturales. Aunque la clave de ese apoyo de los alcaldes está en la delegación de las competencias autonómicas para que puedan autorizar la ampliación de naves y establos sin necesidad de que lo autorice la Xunta.
Pese al barullo político, el PSdeG estuvo a punto de apoyar una reforma de la que se apeó a última hora, tras un intenso debate interno y aferrado a la bandera de la protección del espacio de cabo Touriñán. El propio Emilio Pérez Touriño había advertido en su adiós al Parlamento que hay que pactar el territorio, pero teniendo en cuenta qué se pacta y para qué.
Retoques en los Presupostos
Pero esa cuarta reforma no agotó los parches en la Lei do Solo. El Gobierno de Feijoo decidió rescatar la Lei de Acompañamento, que se tramita con la de Presupostos, para colar más retoques y ampliar el catálogo de excepciones que diluyen el rigor proteccionista que inspiró la redacción original con el argumento de dar seguridad jurídica a ámbitos que crean riqueza y empleo. Esta vez, se trata de posibilitar futuros desarrollos industriales y de interés social en suelo rústico. La maniobra facilitará liberar suelo en la Plataforma Loxística de Salvaterra-As Neves para la planta de baterías de Mitsubishi.
Y habrá más. Antes del 2013, la Xunta reemplazará la ley del 2002 por otra nueva.