Capital francés, catalán y madrileño gestiona casi las tres cuartas partes de este servicio en Galicia
01 nov 2010 . Actualizado a las 11:31 h.Galicia ha perdido en poco más de 15 años, desde principios de los noventa, el control real del abastecimiento y saneamiento del agua en la mayoría de su territorio. Tres grandes multinacionales francesas que prestan estos servicios, Suez Environnement, Saur International y Vivendi, son accionistas de referencia de Aquagest, Gestagua y Aqualia, tres de las cuatro multinacionales, junto con ACS (propietaria de Urbaser), que controlan el 72% de todo el agua consumida en Galicia.
En menos de dos décadas, cerca de un centenar de ayuntamientos gallegos han optado por privatizar en todo o en parte la gestión del agua. Con la única excepción de A Coruña, donde la firma municipal Emalcsa es todavía 100% propiedad del Ayuntamiento, la totalidad de las grandes urbes de la comunidad tienen el agua en manos de terceros.
En Ferrol, la sociedad Emafesa está participada por Urbaser, filial de la potente ACS presidida por Florentino Pérez. Aquagest, integrada en Aguas de Barcelona (Agbar), de la que es accionista la gala Suez, controla el agua en Santiago, Ourense y Pontevedra, pero además gestiona este servicio en otros 60 concellos de la comunidad.
Aqualia, filial de FCC, el grupo madrileño presidido por las hermanas Koplowitz del que es socio la francesa Vivendi, es la dueña y señora del agua en Vigo. Y Gestagua, controlada por el gigante galo Saur International, se ocupa del saneamiento en Lugo, Concello que por ahora mantiene el abastecimiento, aunque ya se ha planteado privatizarlo.
En total, el agua que consumen cerca de dos millones de gallegos está en manos de multinacionales francesas, catalanas o madrileñas, mediante adjudicaciones directas que implican concesiones a 25, 30 y 40 años; o a través de fórmulas mixtas (participaciones público-privadas). Las grandes excusas para esta fiebre privatizadora fueron la anorexia financiera de los concellos y la teórica «mejora de gestión» que aporta la empresa privada.
La realidad es distinta. En España el 45% de la población está abastecida por empresas públicas, algo más del 32% por firmas privadas y el otro 22% con fórmulas mixtas. En los últimos dos años, coincidiendo con la crisis, el modelo de prestación público-privada creció un 4%, según una encuesta de la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS).
El negocio del consumo de agua en hogares e industrias mueve al año cerca de 5.000 millones de euros, de los cuales en torno a 600 se generan en Galicia. Traducido a los precios finales que soportan los usuarios, este modelo de gestión privada tampoco ha mejorado. Galicia es la undécima comunidad con el agua más cara, o la séptima más barata, según quiera mirarse. El metro cúbico de agua se paga a 1,17 euros, frente a los 1,50 de la media nacional. Pero la media es tramposa. Donde hay más municipios con el agua en manos de terceros, el precio sube.
Lugo, con el abastecimiento todavía no privatizado en gran parte de su territorio, es la provincia con el agua más barata de España (0,69 euros por metro cúbico). Y A Coruña, donde la capital provincial ha optado por gestionar el agua desde el Concello, tiene un precio medio de 0,85. En el lado contrario, Pontevedra, con el servicio privatizado en la mayoría de los municipios, cobra el agua por término medio a 1,62 euros, muy por encima de la media nacional. Y Ourense, la segunda provincia más privatizada dentro de la comunidad, lo hace a 1,52.
Con todo, las mayores amenazas a medio plazo no están solo en el aumento del precio por la presión de estas multinacionales a medida que las infraestructuras envejezcan. También pasan por el control de las inversiones y, sobre todo, por la calidad del servicio, puesta en duda desde organizaciones nacionales e internacionales que defienden un consumo responsable y un mayor abaratamiento de las tarifas para las capas sociales más pobres.