En la lista de imputados en la operación Pollo figura el responsable de la oficina de Extranjería en Lugo. Esta oficina, dependiente del Gobierno central, fue objeto de investigación por parte de la jueza que descubrió que los integrantes de la red conseguían con extrema facilidad los permisos de trabajo que les permitían traer a los ciudadanos que posteriormente explotaban. Las autorizaciones para trabajar eran el paso previo para lograr permisos de residencia. A lo largo de la instrucción pudo apreciarse que en Extranjería en Lugo concedieron sin ningún tipo de traba más de 180 permisos en un espacio de tiempo no muy amplio. Según diversas fuentes, el cabecilla de la trama, que había creado una empresa con sede en el Bierzo, recurría a la oficina de Lugo porque esta era, supuestamente, una especie de coladera. De hecho, parece que fueron otorgados permisos a trabajadores con la misma documentación que había sido rechazada en otras oficinas españolas. También figura en la lista de imputados el responsable de una gestoría de Lugo que era quien, supuestamente, llevaba a cabo gestiones consideradas claves. Además de los responsables de la trama figuran acusados directivos de una empresa cárnica y los dueños de las firmas de transportes que tenían encargado el cometido de llevar los pollos desde las granjas a la planta donde eran sacrificados.