El fiscal reactiva el caso de la retirada de multas en Lugo y pide imputar a un senador del PSOE
GALICIA
El ministerio público reclama que vuelva a declarar el ex subdelegado del Gobierno
02 sep 2010 . Actualizado a las 02:00 h.Transcurridos por lo menos cuatro meses después de que las diligencias llegaron a la Fiscalía, el representante del ministerio público en Lugo decidió reactivar el caso de la anulación de multas en la Jefatura Provincial de Tráfico de Lugo. Entre otras cuestiones pidió a la jueza que se ocupó de la investigación que impute al senador socialista por la provincia de Lugo, Luis Ángel Lago Lage. La magistrada, sin embargo, no podrá atender inicialmente esta petición, según informaron diversas fuentes, por la condición de aforado del cargo.
La jueza Estela San José, que durante casi un año se ocupó de la investigación de la trama de las multas en Tráfico de Lugo, acordó la remisión de las diligencias a la Fiscalía cuando estimó que ya había concluido todos los trámites con la finalidad de que el ministerio público procediese a la calificación de los hechos y formulase escrito de acusación contra las personas que estimase que cometieron algún tipo de delito. El fiscal, antes de este trámite, acordó reclamar a la jueza que lleve a cabo numerosas diligencias, entre ellas la imputación del citado senador.
Según explicaron ayer diversas fuentes, esta petición podría basarse en las declaraciones efectuadas en su momento por uno de los imputados. Al parecer, esta persona, llegó a comentar que tenía algún tipo de vinculación con el senador, aunque, al parecer, no lo implicó en la trama. El nombre de Lago Lage, sin embargo, aparece en otras diligencias diferentes abiertas relacionadas también con el sobreseimiento de multas, en este caso, por parte de la Policía Local de Lugo. Supuestamente no llegó a tramitarse una multa que le fue impuesta al coche que utilizaba el senador por un aparcamiento presuntamente irregular en la calle Salmón de la capital lucense en la que se encuentra la sede de la agrupación de los socialistas lucenses.
La jueza, de momento, no podrá cumplir la petición que le efectúa el fiscal toda vez que el senador tiene calidad de aforado y, por lo tanto, ha de ser planteado un suplicatorio para que se estime o no la procedencia de la declaración. Al parecer, la encargada de la instrucción ya habría informado de tal extremo al fiscal lucense.
Jesús Otero y Julio González
Pero es que, además de la imputación del senador, el fiscal quiere que la jueza vuelva a tomar declaración a una serie de personas, más de una decena, según apuntaron algunas fuentes. Entre los que tendrán que volver, se hallan el ex subdelegado del Gobierno Jesús Otero y el ex jefe provincial de la Jefatura Provincial de Tráfico Julio González. Ambos se encuentran imputados. Precisamente, esta decisión adoptada por la jueza motivó que perdiesen sus cargos. El ex subdelegado dimitió y el responsable de Tráfico fue apartado de su puesto, aunque continúa trabajando en la sede de la jefatura lucense. Los dos volverán a declarar en los próximos días.
Dentro de esta reapertura de las diligencias planteada por el fiscal, también tendrán que prestar declaración otras personas, que aparecen en el voluminoso sumario. Esta nueva reactivación retrasará notoriamente la conclusión del mismo; sin embargo, algunas fuentes explicaron que el fiscal quería atar algunos cabos sueltos.
La trama del sobreseimiento, presuntamente irregular, de multas por infracciones de tráfico comenzó a ser investigada en el mes de mayo del 2008, aproximadamente cuando la jueza del caso, que investigaba una red que colocaba y explotaba trabajadores marroquíes en la provincia de Lugo, se enteró por unas escuchas telefónicas de cómo varias personas relacionadas con el mundillo de las drogas hablaban entre sí de que en Tráfico de Lugo se podía «amañar» para no pagar las sanciones.
Estela San José comenzó a tirar del hilo y sus investigaciones hicieron que rodaran cabezas. Con el paso del tiempo pudo elaborar una lista con más de medio centenar de personas a las cuales les fueron anuladas sanciones. Entre estas figuran políticos y hasta miembros del Obispado lucense, que, en su momento, tuvieron que prestar declaración, al igual que varios alcaldes de la provincia y algún cargo de la Xunta de aquel entonces.
Uno de los momentos más candentes del caso fue cuando el que era delegado del Gobierno, Jesús Otero, tuvo que dimitir para, posteriormente, comparecer ante la jueza como imputado porque, el ex jefe de Tráfico contó que algunas sanciones que no se llegaron a tramitar obedecieron a una orden superior, y así parece que lo hizo constar en varios de los expedientes en los que puso una anotación.